En reacción a la noticia de que un tribunal de apelación administrativo ha retirado hoy la prohibición de celebrar cualquier evento LGBTI en la capital, en vigor desde noviembre de 2017, Fotis Filippou, director de Campañas para Europa de Amnistía Internacional, declaró que “es un día memorable para las personas LGBTI en Turquía y una enorme victoria para el activismo en favor de los derechos LGBTI. El amor ha triunfado una vez más. Las personas LGBTI y sus simpatizantes tenían vergonzosa e ilegalmente prohibida la celebración de ningún evento LGBTI desde noviembre de 2017. Celebramos este importante fallo judicial, que llega a punto de iniciarse la temporada del orgullo el mes que viene.”
Enseguida añadió que “una de las principales justificaciones de la gobernación de Ankara para imponer esta indignante prohibición fue que era necesaria porque para algunas personas los eventos LGBTI podrían suponer una provocación. El tribunal de apelaciones rechazó rotundamente este enfoque al afirmar que la responsabilidad del Estado es posibilitar y proteger el derecho de reunión pacífica. Se trata de una buena noticia no sólo para las organizaciones y activistas LGBTI, sino también para otras personas cuyas reuniones pacíficas han sido restringidas o prohibidas ilegalmente”.
De acuerdo a Amnistía el tribunal afirmó claramente que, incluso bajo un estado de excepción, las prohibiciones generales de carácter indefinido como la de Ankara son ilegales.
“Aunque el estado de excepción se levantó en julio de 2018, muchas de las restricciones al derecho de reunión pacífica siguen en vigor. Pedimos a las autoridades que garanticen urgentemente la retirada de todas estas prohibiciones injustificadas e ilegales”, dijo Fotis Filippou.
Cabe señalar que KAOS GL, organización de derechos de las personas LGBTI con sede en Ankara, impugnó la prohibición general indefinida impuesta por el gobierno provincial desde el 18 de noviembre de 2017 en el marco del estado de excepción, solicitando su retirada. Su solicitud fue rechazada en noviembre de 2018. El resultado del recurso contra esa decisión tomada por un tribunal administrativo de primera instancia es definitivo.

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