La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Colombia del 27 al 30 de noviembre de 2018, con el fin de verificar y observar en terreno la situación de personas defensoras de derechos humanos. La delegación estuvo liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, e integrada por el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Jefa del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Marisol Blanchard, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.
Así, respecto de la situación de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, la CIDH ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, en particular los serios desafíos para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que les afectan. En marzo de 2018, alertó en un comunicado de prensa que los asesinatos de personas defensoras y líderes sociales aumentaron sostenidamente en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y advirtió que la mayoría de estos asesinatos se perpetran contra personas defensoras en situación de especial vulnerabilidad en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.
Al terminar la visita, la Comisión reafirma su preocupación por la grave situación de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. La CIDH toma nota de las acciones del Estado colombiano y saluda que se tomen medidas para hacer frente a esta situación. Asimismo, y reafirmando la importancia de la labor de las personas defensoras en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, la Comisión ofrece al Estado colombiano su acompañamiento en estas iniciativas para abordar esta problemática.
Luego, en relación a los asesinatos y amenazas, se expresa que La Comisión ha alertado en los últimos años sobre el incremento de los ataques y los asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. El 2 de noviembre de 2016 la Comisión advirtió sobre este aumento de la violencia, destacando el considerable aumento de asesinatos respecto del año anterior. La CIDH lamenta que desde entonces esta situación se haya agravado y que siga en aumento sostenido desde la implementación del acuerdo de paz. De acuerdo con la información recibida, el número de asesinatos y agresiones se concentran en determinados municipios y zonas del país, identificadas con factores de riesgo como la competencia por el dominio y control de actividades criminales, tales como la minería ilegal y el narcotráfico; las disputas por la ocupación y propiedad de la tierra, la ausencia de autoridad en algunas zonas, y la implementación deficiente del acuerdo de paz.
En cuanto a la estigmatización, se aduce que en las reuniones sostenidas con organizaciones de la sociedad civil, la Comisión recibió información diversa sobre la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos realizada por parte de altos funcionarios del Estado.
La Comisión asimismo recibió información sobre declaraciones que relacionan a las defensoras y defensores de derechos humanos con actividades criminales. Al respecto, nota las declaraciones hechas recientemente por autoridades estatales departamentales o locales en las que señalan a varios medios de comunicación que detrás de las actividades de activistas y personas defensoras estarían unas bandas criminales “que son cercanas o asociadas al Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)” y “que han tenido nexos con el ELN y asociadas al ELN”. Asimismo, las organizaciones acusaron la reciente estigmatización en medios de prensa de las protestas estudiantiles, en las que se señala a los estudiantes como “vándalos”, “guerrilleros” o “terroristas”.
También la CIDH se refiere a las defensoras y defensores de derechos humanos en especial riesgo, manifestando que el 27 de marzo de 2018 la Comisión advirtió que muchas de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas desempeñaban acciones relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz relativos a la tierra. Durante su visita al país, la CIDH recibió información consistente en este sentido y que apunta a un patrón de violencia contra líderes y lideresas sociales y comunitarios, miembros o presidentes de las Juntas de Acción Comunales, y los líderes y lideresas étnicos en zonas con presencia de grupos armados ilegales que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que reclaman la restitución de tierras. En Antioquia, por ejemplo, la CIDH recibió documentación sobre un alto número de agresiones contra personas defensoras en el departamento, que se concentran especialmente sobre líderes de paz, sustitución de cultivos, ambientalistas y reclamantes de tierras.
De ese modo, a la luz de las anteriores observaciones, la CIDH realiza, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia: 1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades; 2. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente; 3. Crear un registro completo de todas las agresiones -en sus diferentes modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. Para ello se debe tener en cuenta los registros previamente construidos; 4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección; 5. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles delitos contra personas defensoras de derechos humanos.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.
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