La resolución 300, aprobada por 119 votos a favor, solicita al Ejecutivo el desarrollo de una serie de estudios sobre capacidades, uso energético, ventajas en seguridad y eficiencia de la implementación de un sistema de blockchain o análogo.
Lo anterior, mediante el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que establezca dicho sistema en los distintos Servicios Públicos del Estado.
El documento presentado ante la Sala explica que esta tecnología es altamente eficiente en materia de ciberseguridad, dada su organización en bloques interconectados replicados en una vasta red de nodos.
Estas características hacen que un ciberataque como el que terminó con el robo de más de 10 millones de dólares al Banco de Chile y la filtración de datos de tarjetas de créditos correspondientes a 19 bancos del país, se vuelvan mucho más difíciles de ejecutar.
Incorporar el sistema blockchain en los servicios públicos de nuestro país podría generar un aumento considerable en el índice de productividad del sector, junto con facilitar el acceso a la información de los usuarios, generando mayor cantidad de insumos a la hora de tomar alguna decisión.
Los pilares esenciales del blockchain son la flexibilidad, la progresividad y la integración, seguridad y descentralización, favoreciendo la modernización del Estado con un proceso de interconexión de sistemas públicos.
Su implementación, en tanto red colaborativa común, permitiría la integración de las distintas entidades, ya sean gubernamentales o del mundo privado. Un caso emblemático es Alastria en España, la primera de estas redes, consistente en un consorcio multisectorial promovido por empresas e instituciones para establecer una infraestructura que sustente el uso de esta tecnología.
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