La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que implementa dos Convenciones ratificadas por Chile: la que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas, y su destrucción (publicada en 1997) y la que se refiere a la prohibición de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas (publicada en 1980).
Cabe señalar que en la sesión participaron representantes de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores; el director de Movilización Nacional, general Jorge Morales, junto al personal encargado de dichas convenciones; y el gerente de la Asociación de Industriales Químicos, Sergio Barrientos.
La iniciativa busca cumplir una obligación pendiente de Chile de tener una legislación interna que garantice que la química y la biología solo sean utilizadas para usos pacíficos, evitando la desviación de sustancias y agentes hacia manos equivocadas, y su manipulación, sin resguardos de seguridad.
Para ello, se establecen sanciones penales en caso de incumplimiento de las obligaciones de dichas convenciones.
El diputado Urrutia valoró que se actualice nuestra normativa con el fin de evitar el uso de este tipo de armas como material de guerra y señaló que Chile se estaba quedando atrás y con esto se pone al día en esta materia.
Enseguida añadió que coloca a Chile en un plano de igualdad frente a otros países latinoamericanos. “Nuestro país está muy atrasado, ya que suscribió este Acuerdo hace más de 30 años, tanto en armas químicas y biológicas, pero nunca se había dictado una ley. Y hoy vamos a tener una normativa que fue informada por el Ministerio de Defensa y ya se está discutiendo”, indicó.
Luego, el presidente de la instancia, diputado Matta señaló que se trata de un tema de importancia internacional, ya que armas químicas han sido utilizadas en el conflicto de Medio Oriente, en países como Siria e Irak y en ataques terroristas en Rusia.
El legislador destacó que "nos estamos poniendo al día; no estamos en categoría de país 2, sino de país 3 de acuerdo a la Convención. Y va apuntando a la prohibición absoluta, reglamentación y todo a cargo de una autoridad nacional que es la Dirección General de Movilización Nacional, con los presupuestos y con los equipos para la fiscalización respectiva de este importante tratado al que le estamos dando aplicabilidad”.
En octubre próximo se debería analizar la propuesta en particular.
Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis
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