La Comisión de Economía del Senado calificó como interesante pero preocupante la exposición de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien reconoció que Chile no está preparado para hacer frente a ataques de ciberseguridad, desde el punto de vista de redes.
La presidenta de esta instancia, la senadora Rincón explicó que “dado este escenario, le hemos pedido a la secretaría de la Comisión que revise las mociones que están en el Senado como en la Cámara Baja, que se vinculen con el mejoramiento de la red de telecomunicaciones, de manera de agilizar la tramitación, y a la larga, contar con herramientas necesarias”.
Enseguida agregó que “nosotros en la Comisión, tenemos conciencia que estos temas son claves y prioritarios. El Gobierno se ha hecho eco de esta preocupación, pero necesitamos que se adopten medidas en el breve plazo. Las consecuencias de los ciberataques no solo se traducen en lo comercial, sino también en el robo de los ahorros de personas que depositan todos los meses su dinero en los bancos”.
Luego, a juicio del senador Elizalde es necesario actualizar el marco regulatorio para contar con herramientas más eficientes de protección. “Se requiere una institucionalidad acorde y todo eso pasa por revisar los proyectos de ley que estamos tramitando, o solicitarle al Ejecutivo mandar una propuesta que responda a todos estos requerimientos”, indicó.
Por su parte, el parlamentario Galilea afirmó que “tras escuchar a la subsecretaria, estamos claros que frente a un desastre natural o un ciberataque estamos totalmente desprotegidos desde el punto de vista de las redes de fibra óptica. Quedamos incomunicados al momento. Nuestra fibra es débil porque tenemos un solo nodo a nivel nacional (en Quilicura en la región Metropolitana) y eso habla de la fragilidad de la seguridad del sistema”.
El parlamentario explicó que “frente a este panorama, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está haciendo un catastro del número de antenas y fibras ópticas que pertenecen a las empresas de telecomunicaciones que proveen servicios de internet tales como Entel, Movistar, VTR, Claro, Wom, entre otras. La idea es conocer los puntos óptimos de interconexión entre ellas”.

SUBTEL Y CIBERSEGURIDAD

Cabe señalar que en abril de 2017 se formuló la  Política Nacional de Ciberseguridad (PNC) con el objetivo de promover un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, la que consta de 41 medidas. La Subtel tiene como rol en esta instancia participar en el Comité Interministerial de Ciberseguridad y crear las condiciones normativas e institucionales para la protección de infraestructura crítica, entre otras. En el 2013 habían 20 millones de dispositivos conectados a redes de datos, mientras que hoy la cifra alcanza los 45 millones. Se estima que el 2030 serán más de cien millones.
La subsecretaria comentó que “respecto a la política de ciberseguridad como Subtel, estamos empeñados en tres objetivos: regular la infraestructura crítica, velar por el cumplimiento de exigencias de seguridad de parte de los operadores y realizar un estudio de resiliencia de la red”.
La autoridad explicó que la infraestructura se entiende en varios niveles: internacional (cable submarino), troncal nacional, troncal urbano (con nodos en las ciudades) y la última milla.
Respecto a la tecnología 5G, aclaró que “incorpora la ciberseguridad y se está en etapa de consulta pública. Esta implica del despliegue masivo de servicios y aplicaciones a una rápida velocidad, pensando en energía, transporte, seguridad a nivel empresarial y ciudadano”.
Asimismo, dijo que “hemos detectado la necesidad de contar con información estadística sobre incidentes de seguridad, su impacto y causas, por eso mediante oficios emitidos este año, hemos instruido a operadores sobre la aplicación de medidas de ciberseguridad en la red. Solicitamos planes, medidas de seguridad e información de eventos. Hasta ahora solo hemos recibido reportes de Movistar”.

ESTUDIO DE RESILIENCIA

La subsecretaria sostuvo también que “la Subtel desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones para asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia. La ley actual dice que el tránsito de datos es libre, por lo que la primera responsabilidad de su gestión está en manos de las empresas proveedoras de servicios y los propios usuarios. El Estado debe velar por la continuidad de las comunicaciones”.
Luego aseguró que están preparando un estudio de resiliencia en redes de telecomunicaciones, “estamos levantando información de la red, definiendo el modelo de resiliencia y su regulación. La idea es contar con rutas alternativas en caso de corte, en el troncal nacional-urbano. Hoy solo contamos con un nodo en Quilicura, lo que claramente es insuficiente”.
Al consultarle los parlamentarios sobre si existen herramientas legales para obligar a los operadores a conectarse a la red y buscar alternativas en caso de corte, la autoridad planteó que “se requiere un cambio a la ley porque esto hoy queda al arbitrio de las compañías. Al parecer es un tema de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sabemos que hay algunas mociones parlamentarias que están avanzando en ello en forma parcial, pero desconocemos si el Gobierno va a presentar un texto sobre este particular”.

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