Por: Fernanda Barraza, Magdalena Diethelm, Camila Soto.

Diario Constitucional entrevistó a Patricia Muñoz, quien recientemente asumió el cargo de Directorta de la nueva Defensoría de la Niñez, que velará por la promoción, protección y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Así, deberá observar y hacer seguimiento a los distintos organismos estatales que cuiden a los niños, pudiendo visitar los centros de protección a modo de fiscalización y denunciar abusos en contra de los menores.

La Defensoría, a través de Muñoz busca emitir informes y recomendaciones generales que tengan por objeto la promoción y protección de los derechos de los niños y recogerá, para su difusión, la opinión de los propios menores.

Cabe recordar que Patricia Muñoz se desempeñó como directora de la Unidad Especializada de Víctimas de Violencia en la Fiscalía Nacional.

¿Qué le parece que al fin se haya aprobado la ley que crea la “Defensoría de los Derechos de la Niñez”?

Una excelente noticia para la infancia de nuestro país.               

¿Cómo recibe el cargo de defensora de la ley antes mencionada?

Con mucho orgullo y alegría, pero también con muchísima responsabilidad y compromiso para poder desarrollar las funciones y atribuciones de la ley de la mejor manera posible logrando impactar, de manera efectiva, en mejoras sustanciales a las condiciones en las que hoy niños, niñas y adolescentes viven en nuestro país.

¿Por qué tendría que haber sido Usted la escogida?

Ello por mi formación y experiencia práctica brindando atención directa e indirecta a una gran cantidad de menores, conociendo sus vulneraciones en tanto víctimas de delitos, pero también las vulneraciones y carencias que sufren en muchos otros ámbitos de su desarrollo personal y social. Conocimiento y experiencia que desarrollé desde hace 15 años, nueve de ellos desde mi cargo de fiscal adjunto, observando cómo el proceso penal era incapaz de reconocer y actuar conforme a las necesidades que la especial vulnerabilidad de estas personas demandaba. Y otros 5 años, desde la Fiscalía Nacional, dirigiendo la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y VIF, actual Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, y la gerencia de la División de Atención a las Víctimas y Testigos.

¿Cómo se coordinará la Defensoría con la ciudadanía?

La estructura de la Defensoría establece la generación de un Consejo Consultivo que es un órgano de apoyo a la Defensora de la Niñez. En éste deberán integrarse activamente representantes de la sociedad civil, del mundo académico y de otras áreas que permitan promover la participación ciudadana de manera activa y directa en las propuestas que desde la Defensoría se generen.

Sin perjuicio de esa estructura organizacional definida por ley, uno de los aspectos centrales de mi trabajo estará puesto en la vinculación directa con la ciudadanía, particularmente con niños, niñas y adolescentes, generando espacios de relación permanente y directo de éstos con la institución.

¿Hay más países que tengan una defensora de la niñez? ¿Qué se logra rescatar de éstos?

Hay varios países que presentan esta institucionalidad, de todos ellos lo que se puede rescatar es la relevancia de tener un actor independiente y autónomo que ejerza una función fiscalizadora del actuar estatal respecto de niños, niñas y adolescentes y que, además, deba ser escuchado en la generación de las políticas públicas de modo de permitir que éstas integren y consideren, de manera efectiva, las necesidades de niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo actuará frente a los tribunales?

La ley contempla específicamente las posibilidades de que la Defensoría actúe ante los tribunales de justicia, por una parte, presentando acciones criminales en contra de quienes cometan delitos de gravedad y connotación pública en contra de niños, niñas y adolescentes, siempre que estos correspondan a delitos sexuales y algunos otros delitos violentos, por otra, pudiendo ejercer acciones constitucionales de protección y de amparo en caso de ser necesario y, finalmente, contemplando la posibilidad de actuar como amicus curiae, aportando con informes jurídicos de alto nivel para favorecer la resolución de algún caso sometido a juzgamiento.

¿Cuáles considera son las falencias más graves dentro del SENAME y el por qué de tantas irregularidades dentro de la institución?

La institucionalidad del SENAME tiene deficiencias estructurales que no han sido abordadas de manera adecuada y que no han permitido resolver las necesidades que la infancia institucionalizada tiene. Sin duda, los aspectos más graves de esas deficiencias están puestos en los hechos vinculados a malos tratos y agresiones cometidos al interior de los centros en contra de niños, niñas y adolescentes, las condiciones de hacinamiento en que viven muchas veces, la inadecuación de los espacios físicos donde residen y la falta de generación de espacios familiares que fortalezcan los vínculos de los niños y logren propiciar su salida del sistema proteccional.

¿Cómo se fiscalizará el SENAME?

Se fiscalizará conforme la definición de un plan de fiscalización que será elaborado una vez que la ley entre en vigencia y que contemplará la revisión de todos aquellos aspectos que involucren determinar si el actuar de la institucionalidad está cumpliendo con los estándares que en materia de derechos humanos se exigen.

¿Considera que debería volver la pena de muerte para quienes cometen pedofilia? ¿Qué otra solución se podría dar?

No, he asumido este cargo en razón de mi convicción y respeto pleno por los derechos humanos, aquella convicción no me permite estar a favor de una sanción como la pena de muerte, que infringe ciertamente principios fundamentales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos. Además de mi oposición por lo explicado precedentemente, la pena de muerte, en los escasos países que aún la mantienen vigente, no ha implicado impedir la comisión de delitos tan graves y violentos como las agresiones sexuales cometidas contra niños, niñas y adolescentes, ni otros crimenes como asesinatos masivos o en extremo violentos, de ahí que la solución a este tema no pasa por la imposición de esa sanción, sino por imponer sanciones proporcionales a los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, a impedirles posteriormente y de por vida su vinculación en áreas que involucren el contacto con ellos y ellas y, obviamente, por establecer sistemas de control efectivo de la imposibilidad de que vuelvan a tener contacto con sus víctimas y con otros niños a quienes podrían agredir.