Por: Ariel Pefaur, Daniela Jerez y Soledad Guzmán

Desde la finalización del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y tras los fallos dictados por el Tribunal Constitucional en el Proyecto de Ley que buscaba fiscalizar al Sernac, la objeción de conciencia de la Ley de aborto en tres causales y la abolición del Artículo N°63 de la Ley de Educación Superior, dieron paso a una serie de críticas con respecto al funcionamiento de este órgano jurisdiccional del Estado chileno, lo que se refleja en la crisis y los debates existentes en las bancadas.
Es por ello que Diario Constitucional, con el fin de precisar el rol político o jurídico del TC, entrevistó a Leonardo Soto Ferrada, actual Diputado del Partido Socialista por el distrito 14, quien, con otros parlamentarios, impulsaron una Reforma Constitucional con el objetivo de esclarecer los deberes de este órgano y modificar las competencias y facultades que tal entidad, de acuerdo a ellos, ha asumido por encima de los tres Poderes del Estado.

¿Qué opinión tiene usted con respecto al supuesto rol político que se le está atribuyendo al Tribunal Constitucional en la actualidad?

Hay que reconocer que este Tribunal Constitucional con la conformación actual, ha roto una línea de Jurisprudencia bastante uniforme en las últimas décadas, teniendo una conducta que se refleja en sus fallos, donde se inmiscuye en materias, que tradicionalmente no lo hacían. El TC, ha tenido una mirada expansiva, donde se atribuye mayor competencia que la que establece la Constitución, en relación a materias de control preventivo voluntario u obligatorio. Un ejemplo de esto, es la Ley que quería modificar al Sernac, donde solo el 20% del proyecto de ley era materia del control preventivo obligatorio y el Tribunal Constitucional revisó un 40%, mismo porcentaje que invalidaron por inconstitucionalidad. Claramente se autoarrogan facultades que no tienen y los fondos de los proyectos se relacionan más con las valoraciones políticas de cada miembro, excediendo el Rol Técnico Jurídico Constitucional. 

¿Cuál cree que sería una solución frente a esta potestad que el Tribunal asume respecto a los diferentes proyectos de ley?

Hacer una modificación en la composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional, considerando que la calidad técnica jurídica ha bajado mucho. Los integrantes y aspirantes a ser miembro del Tribunal Constitucional deben contar una excelencia técnica y académica, con ello, fortalecer el carácter técnico jurídico, tener una coherencia entre lo que dicen los considerando y lo que se resuelve en la parte final de la sentencia, la circunscripción a las materias que estrictamente establece la Constitución. Para ello se deben modificar los oficios que remite el Congreso Nacional y las normas que le corresponde revisar y finalmente tiene que existir un mecanismo de sanción para los miembros de Tribunal Constitucional que incumplan gravemente sus deberes y obligaciones legales.

¿Es por ello la necesidad de la Reforma a la Carta Fundamental?

Sí, nosotros preparamos un proyecto de Reforma Constitucional hace dos años, se le llamó “El gran acuerdo” debido a que tenía respaldo de Parlamentarios de distintas bancadas. Es una modificación constitucional que no busca resolver los grandes problemas que tiene o crear una nueva, sino más bien apunta a temas que son periféricos del punto de vista de la conformación que son secundarios y sobre los cuales existe un apoyo transversal de todas las bancadas.

Respecto a la politización del Tribunal Constitucional ¿Qué opinión tiene usted sobre las declaraciones que ha formulado el presidente Iván Aróstica en las últimas semanas?

Yo creo que en Chile existe libertad de opinión, expresión y todas las autoridades tienen el derecho y el deber de expresar su parecer en el funcionamiento que está teniendo el Tribunal Constitucional. Yo no cuestiono que lo haya hecho en su cuenta pública, pero si uno analiza el contenido de sus declaraciones hace una crítica hacia el resto de los poderes e intenta a través del debate público en los medios de comunicación nacional instalar una polémica con los otros Poderes del Estado, sin dudas comprueba o rectifica que está excediendo un rol que es más bien de sobriedad y de una diferencia hacia dominios que sí son expresiones de la voluntad popular o soberana.

¿Qué le parece que ahora dos instituciones del Estado vengan a chocar sobre el proceso de reforma del Gobierno anterior?

Esta polémica que aún no concluye respecto a la objeción de conciencia de aborto en tres causales y si se puede o no extender a entidades privadas que ejecutan programas del Estado, son expresiones de las deficiencias por las que ha funcionado este Tribunal Constitucional en el último tiempo. Este cuando le tocó revisar el postulado, simplemente anuló parte de la frase que estaba redactada en la ley de aborto,  cambiando la expresión de no existir objeción de conciencia institucional. Le cambió el sentido completo a la norma atribuyéndole la facultad de legislar y dictar normas de aplicación general para todos los chilenos en un trámite que no tiene ese objetivo porque los que dictan leyes son el Ejecutivo y el Legislativo, no el TC. Pues bien, ahí tenemos el problema donde surgen dificultades interpretativas a partir de las auto atribuciones que son legislativas que está teniendo este organismo, lo cual deja en evidencia el impropio de su actuar y las dificultades que conlleva esta situación con el resto de los poderes del Estado. Hoy, el Contralor tuvo que hacer un examen de constitucionalidad de un reglamento dejando entrever su inconstitucionalidad. El Gobierno tendrá que resolver si se acoge al planteamiento de la contraloría o se lleva nuevamente al Tribunal Constitucional que sin lugar a dudas está fuera de control.

Algunos senadores han señalado que el Tribunal Constitucional funciona como una tercera cámara ¿Sería efectiva esta observación?

Sin duda, esta extralimitación de sus poderes puede ser catalogado como una tercera cámara, pues a pretexto de hacer un control institucional está legislando e instalando normas de privación general para casos no previstos desarrollándose así una grave distorsión en nuestra democracia.

Al ser catalogado como tercera cámara, ¿considera que se vulnera lo que dice o piensa la sociedad?

En este caso los co-legisladores, instituciones que representan a todos los ciudadanos, lo que significa que por medio de éstas se lleve un consenso que permita establecer marcos de conductas obligatorias y legítimas, con todo ese libre juego ejecutivo, soberano y democrático son suprimidas en la medida que el Tribunal Constitucional se instala como una institución superior a ellas y establece medidas por sobre la potestad de las demás.

Según usted, ¿el Tribunal Constitucional termina frenando intentos de Reformas por parte del Estado, formándose, así como una herramienta de la oposición para frenar leyes que venían impulsándose desde la ciudadanía?

Es evidente. Las tres sentencias más polémicas que ha emanado el Tribunal Constitucional el último tiempo, han sido sobre la Ley del Sernac, Aborto en tres Causales y también sobre el lucro de las Universidades, sin duda ha habido una coincidencia en torno a las posturas políticas que tuvo la minoría. El TC desvirtúa su rol y se vuelve un último recurso para esta minoría, donde en el seno de este organismo de control institucional buscan frenar procesos legislativos desarrollados democráticamente.

En relación al funcionamiento y la conformación de otros Tribunales Constitucionales en el mundo, ¿qué elementos cree que se pueden rescatar?

Como señalaba al principio son tres elementos los que deben ser reformados: mejorar calidad de los integrantes, mejor definición de las materias del TC y, por último, establecer un quórum más alto para la declaración inconstitucional. Para que no suceda que, ante un empate el voto lo defina el Presidente.

¿Cuáles son los alcances del proyecto de Ley presentados el 15 de abril junto a otros parlamentarios?

Junto a otros parlamentarios socialistas impulsamos una modificación a los alcances del Tribunal Constitucional, donde se mencionan los puntos señalados anteriormente, pero está el elemento del trabajo legislativo, donde se produce una anomalía, pues el TC termina pasando a llevar todo el proceso constitucional, pasando por sobre ambas cámaras y cambiando el sentido a las leyes.