La moción de los senadores Gómez, Lagos, Quintana, Rincón y Rossi, expone que “los establecimientos e instituciones educacionales gozan de gran autonomía para operar una vez que han conseguido el Reconocimiento Oficial del Estado”, lo que “no puede significar irresponsabilidad de sus directivos, ni la imposibilidad de los contribuyentes de contar con mecanismos institucionales para evaluar la conducción de estos”.
Observa luego que “el principio de transparencia activa en el ejercicio de la función pública se encuentra establecido de manera general para todos los órganos del Estado, sin distinguir el tipo de actividad que realizan”, lo que se traduce en que “los establecimientos e instituciones educacionales”, sean públicos o privados, al recibir aportes fiscales, “también deberían ser alcanzadas por dicho principio”.
Con el objeto extender el deber de transparencia activa y someter a los establecimientos e instituciones educacionales a éste, proponen modificar la Ley Nº 20.370, a fin de imponer a las instituciones de educación superior el “mantener a disposición permanente del público, de forma física y a través de sus sitios electrónicos”, al menos una vez al mes y en forma actualizada, su estructura orgánica, Balances Financieros Auditados, entre otros antecedentes que la iniciativa consulta. 

Vea texto íntegro de la moción. 

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