Durante tres días se reunieron en Santiago representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés), quienes analizaron los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
Las ponencias del día lunes estuvieron a cargo de Javier Martínez, de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas; Juan Cruz Ponce, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y Esteban Fullin, asesor Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El martes 7 de noviembre, en tanto, Hagan Barnett (jefe de la Sección Antiterrorismo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América), Dmitry Vitashov (jefe adjunto del Departamento de contra el Financiamiento del Terrorismo de la Federación Rusa) y James Nachipo (director de la Subdivisión de Terrorismo del Departamento de Asuntos Exteriores y de Comercio de Australia) compartieron la experiencia de sus países en la implementación de las Resoluciones N° 1267 y 1373 (sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo) del Consejo de Seguridad de la ONU, y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Javier Martínez detalló las obligaciones que las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU imponen a los países para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, en especial tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Principalmente, se refirió al Comité de Sanciones contra Al-Qaida, establecido en 1999 en virtud de la Resolución N° 1267, y a la Resolución N° 2253 del año 2015, que amplió los criterios de inclusión en la Lista de Sanciones a las personas y entidades que apoyan al Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL, también conocido como Daesh).
Por su parte, Juan Cruz Ponce explicó los alcances de las Recomendaciones GAFI N° 5, 6 y 7 sobre sanciones financieras dirigidas al terrorismo, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de las personas o entidades incluidas en las Listas de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
En tanto, Esteban Fullin reveló las tendencias emergentes en materia de terrorismo y financiamiento del terrorismo, y describió los riesgos de que las organizaciones sin fines de lucro puedan ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo.
El evento concluyó el miércoles 8 de noviembre con ejercicios prácticos, en los que los representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam tuvieron que detectar la existencia de financiamiento del terrorismo en diversas operaciones y transacciones.
Cabe resaltar que, de nuestro país, participaron expertos de la Agencia Nacional de Inteligencia, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Nacional de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero, Corte Suprema y de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública.
El director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, sostuvo que “conocer la implementación de sistemas y buenas prácticas de otras economías para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, resulta clave para fortalecer la misión legal de la UAF, en especial tras la publicación, en febrero de 2015, de las modificaciones a nuestra Ley N° 19.913, que nos facultan no solo a detectar indicios de financiamiento del terrorismo en las operaciones sospechosas que nos reportan nuestros sujetos obligados, sino también a adoptar medidas, por ejemplo, de congelamiento de activos, en caso de acreditar actos o transacciones de personas o entidades individualizadas en las Listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

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