Recientemente se da conocer un artículo sobre “La autoridad de cambio climático con la que Australia pretende cumplir el Acuerdo de París”.
Se sostiene que la Autoridad de Cambio Climático (CCA) es el principal órgano del Estado australiano encargado de las políticas de mitigación, tanto de las emisiones de carbono como del uso eficiente de los recursos naturales.
A continuación, se explica que a través de políticas como el Plan Nacional de Productividad Energética, o el Fondo de Reducción de Emisiones, este organismo público intenta reducir en un 85 por ciento las emisiones para el año 2036
El cambio climático y sus desafíos para el Gobierno australiano
Se recuerda que el Acuerdo de París tiene una misión clara para todos los países que los suscribieron: reducir la temperatura del planeta un cinco por ciento debajo de los niveles existentes para el año 2000.
Luego, se destaca que según cifras de la propia autoridad, en mayo de 2017 Australia produjo 535,7 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, siendo la energía eléctrica la industria más contaminante, con un 35 por ciento del total. Le siguen la combustión industrial, generada en minería e industrias primarias, con un 18 por ciento del total. Transporte con un 17 por ciento y agricultura con un 13 por ciento, reflejado principalmente en la aplicación de fertilizantes y aditivos para los suelos.
De acuerdo a Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, el Cambio Climático es un problema transversal, por lo que concuerda con la figura existente en Australia. “Este es un problema que trasciende lo ambiental, tiene que ver con seguridad, estabilidad de los territorios, desarrollo territorial, geopolítica, etc. Una autoridad de cambio climático tiene que tener la capacidad de influir en todos los ministerios, porque cuando radica en un solo sector se liquida”, señaló.
Políticas para la reducción de emisiones en Australia
El documento señala que en primer lugar, el establecimiento de un Fondo de Reducción de Emisiones (ERF), esquema voluntario que incentiva a agricultores australianos a adoptar nuevas prácticas y tecnologías para la emisión de gases efecto invernadero.
Otra de las políticas es el Plan Nacional de Productividad Energética, que busca aumentar la eficiencia en un 40 por ciento para el año 2030. Para ello, se propone combinar medidas tradicionales como el uso de maquinarias más eficientes, con tecnologías inteligentes impulsadas por energías verdes. Por una parte el plan promueve la entrega de servicios más eficientes, pero también alienta a consumidores para que tomen decisiones más verdes, por ejemplo en la elección de automóviles, vivienda o uso de transporte.
En relación con el calentamiento global, el Gobierno impulsa las Medidas para Reducir las Emisiones de Hidrofluorocarburos (HFC) producido por la refrigeración y el aire acondicionado. Para ello se propone la reducción de un 85 por ciento de estas emisiones para 2036 a través de la prohibición de importar equipos con altas emisiones, trabajar con empresas para fomentar la instalación de equipos que no produzcan gases tóxicos, entre otras medidas.
Por último, la Política Australiana de Cambio Climático, si bien fue impulsada el año 2015, sufrió una modificación el 2016 luego del Acuerdo de París. Se trata de un programa aprobado por el Parlamento donde se establecen lineamientos determinados para que todos los sectores productivos puedan implementar medidas que permitan mejorar sus prácticas, pero también para que todas las autoridades encuentran definiciones acerca de cómo tomar decisiones sostenibles.
La institucionalidad para el cambio climático en Chile
Se afirma que en el caso de nuestro país, si bien la realidad institucional de cara al Acuerdo de París es distinta en proporciones e influencia política, a partir del 1 de enero de 2017 comenzó a operar la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad, orientada a que tanto autoridades como empresas materialicen los objetivos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, conformado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, entre otros subsecretarios y representantes de gremios empresariales.
Esta agencia, se explica, se estructura como un comité de Corfo que facilita la coordinación entre el Estado y las instituciones de fomento. Además, incentiva que pequeñas y medianas empresas para que incorporen medidas que mitiguen el calentamiento global. Esto, a través de mecanismos de financiamiento climático.
En relación a la forma cómo el Congreso Nacional podría aportar a la misión de la institución que dirige, el titular de la ASCC se refirió a la necesidad de tener mayor presencia a nivel público. “Dentro del mundo del fomento podemos desarrollar distintas estrategias, podríamos seguir operando sin necesidad de grandes modificaciones, pero sí es necesario fortalecer la forma como nuestros dispositivos tienen más capacidades para integrarse a todas las iniciativas de cambio climático que se están desarrollando en otros ministerios. Sería interesante contar con mecanismos legales que nos permitan una mejor integración, de cómo forzamos al resto del Estado para que se alinee con nuestras iniciativas de cambio climático”, sostuvo.
Por último, en relación a la posibilidad de crear una autoridad de cambio climático como la que existe en Australia, agregó que “sería importante que en Chile tengamos una instancia a nivel de presidencia que coordine a las instituciones relacionadas que son muchas. Se pueden hacer reformas a nivel político e instalar esto en una entidad que esté por sobre los ministerios”. Fuente: www.bcn.cl

Vea texto íntegro del documento

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