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Concesiones de obras públicas viales.

FNE aprueba con medidas la operación de concentración entre Atlantia S.p.A y Abertis Infraestructuras S.A.

En relación al precio, la Fiscalía estableció que las empresas cobran actualmente el valor máximo permitido en los contratos de concesión, lo que permite descartar alzas en las tarifas, ya que los operadores no tienen margen para subir lo que cobran por peaje a los usuarios.

13 de octubre de 2017

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación de concentración entre Atlantia S.P.A. (Atlantia) y Abertis Infraestructuras S.A. (Abertis), empresas con presencia en Chile en la industria de concesiones de obras públicas viales, sujeta al cumplimiento de determinadas medidas de mitigación ofrecidas por las partes.
La FNE sostiene que la operación, de carácter internacional, da origen en Chile a la unión entre las distintas sociedades concesionarias sobre las que las partes ejercen influencia decisiva, las cuales incluyen concesionarias de autopistas urbanas e interurbanas.
En particular, explica la Fiscalía, Atlantia opera cuatro autopistas urbanas y dos interurbanas, mientras que Abertis opera una autopista urbana y cinco interurbanas.
De acuerdo a la FNE, centró su investigación en los eventuales riesgos que dicha concentración podría producir en los segmentos del mercado definidos como licitación de concesiones, explotación de concesiones y prestación de servicios anexos a la concesión.
Luego de analizar cada área, la Fiscalía descartó que la operación disminuyese la presión competitiva en futuras licitaciones de concesiones viales, debido a que Abertis nunca ha participado en ellas y, en ausencia de la operación de concentración, no se espera que participe.
En cuanto a la explotación de concesiones, la FNE concluyó que la gran mayoría de las variables relevantes para la libre competencia -como el precio y el nivel del servicio y de la infraestructura-, están reguladas en detalle tanto en la Ley de Concesiones como en su reglamento, y en las respectivas bases de licitación. Así también hay referencia a estas variables en otras convenciones complementarias celebradas entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las sociedades concesionarias.
En relación al precio, añade la Fiscalía, quedó establecido que las empresas cobran actualmente el valor máximo permitido en los contratos de concesión, lo que permite descartar alzas en las tarifas, ya que los operadores no tienen margen para subir lo que cobran por peaje a los usuarios.
Los riesgos que detectó la FNE se relacionan con la prestación de servicios anexos a la concesión. Frente a esto, las partes ofrecieron mantener el número de centros de atención al cliente y distribución de dispositivos de pago (TAG) y no disminuir los servicios entregados por éstos.
Además, la Fiscalía afirma que Atlantia homologará al nivel de Abertis la calidad de la información que entrega en las autopistas, dando a conocer el valor efectivamente cobrado en cada pórtico, si así se lo solicita el Ministerio de Obras Públicas.
Durante su investigación, la FNE tomó declaración tanto a las empresas involucradas en la operación como a otros actores de la industria, además de diversas autoridades sectoriales y asociaciones de consumidores, entre otros.
Finalmente, la FNE dice que esta operación fue también notificada por las partes a las autoridades de competencia de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Argentina, encontrándose aprobada en estas tres últimas y pendiente de resolución en Europa.

 

Vea resolución

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