El TC peruano acogió en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la llamada ley antitránsfuga. El pleno publicó su resolución en la que con el voto de cinco magistrados y dos en contra resuelve que la ley que impedía a los congresistas cambiar de bancada, es inconstitucional.
El fallo sostiene que las normas impugnadas vulneran los derechos a la libertad de conciencia, la garantía de inviolabilidad de votos y opiniones, la participación política y el principio de interdicción de mandato imperativo. Valida así que un congresista pueda separarse “por un cambio de orientación ideológica del partido, por la mutación ideológica personal, la desaparición o crisis del partido, o por serias discrepancias con la dirección del partido o grupo parlamentario”.
El TC explica que existen dos clases de transfuguismo, el “legítimo y el ilegítimo”, y los describe de manera comparativa.
Con respecto al denominado “transfuguismo legítimo”, sostiene que se pueden adoptar medidas por parte del Congreso, siempre y cuando no repercutan en las atribuciones del parlamentario.
En cuanto al “transfuguismo ilegítimo”, indica que no ocurre lo mismo, pues amerita todo el reproche y la sanción correspondiente que, por motivos banales, egoístas -e incluso delictivos-, se apartan de fomentar el bienestar general de la sociedad que les dio el encargo de representarla.
El voto en contra del magistrado Ernesto Blume considera que no existe un “transfuguismo legítimo o ilegítimo” o denominado “transfuguismo bueno o malo”; por lo que su voto fue para que se declare la demanda infundada en todos sus extremos.
También, se declaró inconstitucional una norma que limita el derecho a presentar proyectos de ley a los congresistas que se ven impedidos de conformar grupos parlamentarios o adherirse a grupos ya existentes, toda vez que contraviene el derecho a la participación política.
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