La moción de las diputadas Carvajal, Cicardini, Fernández, Pascal, Sepúlveda y Vallejo expone que actualmente nos encontramos en un escenario social desigual en lo relativo a la participación de las mujeres en los distintos ámbitos del quehacer nacional. Esta diferenciación persistente en todos los espacios, se agudiza cuando nos planteamos en ámbitos de decisión y representación política, los que han  sido dominados históricamente por hombres. Si bien la participación femenina se ha ido incrementando, en algunos casos mediante la inclusión de mecanismos de discriminación positiva, los esfuerzos han mostrado frutos de manera muy lenta y estamos muy lejos de poder pregonar que existe una verdadera paridad en todos los espacios.

Enseguida, las diputadas argumentan que el Estado y otras instituciones mediante su legislación deben intervenir para corregir esta diferencia y promover condiciones de igualdad en el acceso a poder. Un Gobierno inclusivo, que pretenda la consolidación de un Estado más justo y equitativo, debe desplegar medidas que permitan que tales inercias se rompan. En este sentido, son valorables todos los esfuerzos desplegados en pos de lograr la igualdad de género en ámbitos laborales, políticos, económicos y representativos. Así, los esfuerzos realizados por los sucesivos Gobiernos han permitido incrementar la participación de las mujeres en el mundo laboral, si bien aún falta por mejorar. En materia política, destaca la aprobación de las recientes normas sobre equidad de género que ha aprobado este Congreso y que permitirán incrementar la participación de las mujeres en política, lo que es necesario considerando la baja tasa de representación femenina a nivel parlamentario. Esta misma subrepresentación se reproduce a nivel del Poder Ejecutivo y de los poderes locales, como los municipios. Estas cifras demuestran de manera fehaciente la necesidad de incorporar medidas legislativas y de todo tipo que permitan acortar estas brechas.

Luego, la moción señala que el hecho de abrir los espacios de deliberación política, de participación ciudadana y acceso a la justicia, debe ir de la mano con una serie de reformas estructurales que permitan una equitativa participación entre hombres y mujeres. En este sentido, el Tribunal Constitucional no debe estar ajeno, siendo una institución clave de nuestro ordenamiento jurídico donde debe existir la equidad de género entre sus integrantes, garantizando de manera efectiva la participación de las mujeres en decisiones importantes para nuestro país como lo es por ejemplo, la Constitucionalidad de nuestras leyes.  El establecer una regla de equidad de género en la composición de los integrantes del Tribunal Constitucional es un paso más que como país debemos dar para propender al acceso de las mujeres en instancias políticas, deliberativas y de poder, buscando que esta instancia sea aún más democrática, evitando que las mujeres sean marginadas de este órgano y tengan una presencia sustantiva en su composición. En la actualidad, el Tribunal Constitucional tiene entre sus integrantes a solo dos mujeres de un total de diez, empezando este a ser integrado por mujeres recién en el año 1989, con la incorporación de la abogada Luz Bulnes, la primera mujer en ser Ministra de este Tribunal.

Por tanto, la moción busca establecer la paridad de género en la conformación del Tribunal Constitucional, con la finalidad de ir avanzando hacia una sociedad con mayor equidad de género.

En razón de lo expuesto, el proyecto modifica el artículo 92 de la Constitución Política de la República, incorporando un nuevo inciso en que se establece la paridad entre hombres y mujeres en el Tribunal Constitucional.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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