Por: Pía Gatica e Ingebor Vallejos
En días recientes, DiarioConstitucional.cl entrevistó al Presidente del Tribunal de Contratación Pública, Álvaro Arévalo Adasme, , con el propósito de conocer el estado actual de la institución, los desafíos que enfrenta y los vacíos legales que se han advertido en el ejercicio de sus facultades.
¿Es el Tribunal de Contratación Pública un organismo que viene a subsanar una falencia histórica del Estado en la solución de controversias cuando contrata con particulares?
Cabe señalar que la norma contenida en las Constituciones de 1925 y 1980 de crear tribunales contenciosos administrativos para conocer de toda la actividad de la administración nunca fue implementada por el legislador.
En consecuencia, los tribunales ordinarios debieron conocer y juzgar las ilegalidades cometidas por los órganos de la Administración del Estado, esto es, los juzgados civiles que en ocasiones asumieron competencia para conocer de la acción de nulidad de derecho público y las Cortes de Apelaciones por la vía del recurso de protección.
Es en este contexto, la Ley Nº19.886 crea el Tribunal de Contratación Pública para conocer únicamente de las ilegalidades cometidas por la Administración en las licitaciones convocadas por ella.
En lo que respecta al Tribunal de Contratación Pública, éste se crea como un tribunal contencioso administrativo especial para conocer de irregularidades acaecidas en licitaciones.
¿Por qué los contratos de prestación de servicios provocan la mayor cantidad de objeciones?
La licitación de contratos de prestación de servicios constituye más del 40% de las impugnaciones que ingresan al Tribunal. La explicación parece ser simplemente estadística, ya que entiendo que las adquisiciones de servicios en la plataforma electrónica superan a los contratos de suministro, de obras y concesiones.
¿A qué se debe que las municipalidades sean los organismos públicos más demandados?
Efectivamente, cerca del 40% de las demandas que se presentan se dirigen contra Municipalidades. Este dato es congruente con el hecho que existen 347 municipios en todo el país –todos los cuales licitan– y constituyen casi la mitad de los órganos públicos de la Administración del Estado que realizan sus adquisiciones a través de la plataforma electrónica.
Por otra parte, debe considerarse que existe un importante número de licitaciones de concesiones de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, que por su monto y complejidad están sujetos a una alta probabilidad de ser impugnadas judicialmente por los proveedores no adjudicados.
También es necesario tener presente que en los procesos licitatorios superiores a 500 UTM o que excedan el período de ejercicio de los respectivos alcaldes, resulta obligatoria la aprobación del concejo municipal, ocurriendo en muchas oportunidades diferencias entre la propuesta del alcalde y la decisión del concejo municipal, lo que desemboca en conflictos jurídicos que llegan al Tribunal.
Considerando el crecimiento que han experimentado los ingresos de causas al Tribunal de Contratación Pública, ¿cuáles son los desafíos de esta judicatura?
El mayor desafío es precisamente obtener los cambios legislativos que transformarán a esta jurisdicción especial en una instancia más eficaz y oportuna en la resolución de controversias en el área de la contratación administrativa.
Por otra parte, en el corto plazo nos hemos impuesto el objetivo de crear las condiciones para que la totalidad o al menos parte de la tramitación que se desarrolla ante este Tribunal sea electrónica. Para lo cual se ha llamado recientemente a una licitación pública para adquirir un software especializado e implementar un sistema que permita la litigación electrónica desde cualquier lugar del país.
Debido al incremento permanente de las causas que ingresan al Tribunal, las que sin lugar a dudas aumentarán una vez que se implemente la litigación electrónica, se vuelve imperioso dotarlo de dependencias adecuadas para su normal funcionamiento, por lo que se han efectuado las acciones tendientes a obtener un inmueble fiscal que cumpla con estas condiciones, lo que esperamos concretar durante el presente año.
¿Qué falencias legislativas considera que habría que corregir para hacer más eficaz la labor jurisdiccional del Tribunal?
En mi calidad de Presidente del Tribunal, me correspondió participar en una Mesa de Trabajo con el objetivo de introducir mejoras legislativas a la Ley de Compras Públicas, organizada por la Dirección de Compras Públicas y que estaba integrada además por representantes del estamento académico, Contraloría General de la República y Ministerio de Hacienda.
En lo referido al Tribunal, detectamos como principales carencias su limitada competencia, la necesidad de mejorar el procedimiento y su estructura orgánica.
En cuanto a la competencia, ésta se encuentra restringida a la fase precontractual, esto es, desde la aprobación de las bases de una licitación hasta su adjudicación. El anteproyecto propone aumentarla de tal manera que el Tribunal conozca de las ilegalidades que ocurran durante la ejecución del contrato. También contempla ampliar su jurisdicción hacia procedimientos de adquisiciones hoy día no contemplados en la ley, como la contratación directa.
En lo referido al procedimiento, la principal innovación consiste en la tramitación electrónica del procedimiento judicial que se sigue ante el Tribunal, de manera acorde con la actual tramitación ante los tribunales que integran el Poder Judicial y con la tramitación administrativa de las licitaciones en la plataforma electrónica de Compras Públicas (www.mercadopublico.cl).
Por último, proponemos fortalecer orgánicamente el Tribunal para que funcione en dos salas, con jueces dedicados exclusivamente a la función, apoyados por una dotación de personal establecida en la ley y terminar con su relación administrativa respecto de la Dirección de Compras, trasladándola a la actual Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros. Las propuestas concordadas en esta Mesa de Trabajo, que son coincidentes con las brechas detectadas por las comisiones que funcionaron en un reciente seminario efectuado en Santiago, referido a la Evaluación del Sistema de Compras Públicas de Chile, bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, se contienen en un anteproyecto de ley que actualmente se encuentra en el Ministerio de Hacienda.