Por Jonathan Rojas y Diego Silva

En días recientes, DiarioConstitucional.cl entrevistó a Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia, sobre la evolución de las peticiones de la ciudadanía, los proyectos y desafíos a futuro del organismo, el comportamiento de los organismos públicos con la entrega de la información, entre otros temas.

 

Desde el comienzo de su gestión el 2009, ¿cómo ha sido la evolución de las peticiones de la ciudadanía?

 

Bueno, la gente ha ido incorporando la existencia de este derecho pero, en términos más bien moderados. No ha sido un crecimiento explosivo del conocimiento de la ley.
Hoy estamos alrededor de un 26%, nos hemos ido moviendo en forma ascendente y las peticiones son cada vez más masivas. La gente pide información en forma espontánea, sin necesidad de saber que está ejerciendo un derecho. La brecha más bien es entre aquellos que piden información y aquellos que reclaman si la información no se les entrega.
Destaca, por ejemplo, que el año pasado se hizo una petición cada cuatro minutos en el Portal de Trasparencia. Es un número llamativo, el cual da cuenta que hay gran interés de las personas por acceder a información.

 

¿Cuáles son los proyectos a futuro que tiene el Consejo para la Transparencia?

 

El CPLT hoy día está empeñado en lo más relevante, probablemente en una revisión de la normativa vigente de las exigencias y de las formas de acceder a información. El Consejo está promoviendo que el sistema sea más integral, porque en la práctica en Chile hay cuatro sistemas de acceso a información: Poder Judicial, Poder Legislativo, órganos autónomos constitucionales, por ejemplo la Contraloría, y para la administración general del Estado, como los municipios que es donde interactúan las personas con el Consejo para la Transparencia.
Es relevante que exista una instancia como el Consejo, que es una entidad independiente, autónoma y distinta a los servicios a los que se le pide  la información, eso le da más garantía a las personas de que el ejercicio del derecho está debidamente resguardado. Nosotros estamos proponiendo que ese mismo sistema de acceso a información sea equivalente para el resto de los poderes del Estado y para el resto de los órganos autónomos, constitucionales como los que mencionaba, con el objeto que el acceso a información sea más simple, sea más ciudadano. En el ámbito más del ejercicio de competencias que no tienen que ver con modificaciones legales, estamos instando por una transparencia activa que sea más omnicomprensiva en las necesidades de las personas y en la que se entregue información que sea mucho más clara y mucho más pertinente. Hoy día mucha gente tiene dificultades con la información pública porque no la entiende o porque la considera muy compleja.

 

¿Hay proyectos para renovar la Ley?

 

Hay muchas modificaciones en que se abordan distintos aspectos de procedimiento. En general lo que se hace es perfeccionar los mecanismos de acceso a  información.  Son proyectos que tienen una orientación ciudadana, que apuntan a mejorar los procedimientos y que el acceso a la información sea mucho más clara para las personas.

 

A su juicio, ¿debería existir un Consejo para la Transparencia que involucre a ciertos privados?

 

El tema de la aplicación de esta disposición legal al mundo privado más bien tiene que ver con qué tipo de organizaciones, y bajo qué fundamentos debiesen estar sujetas a algún nivel de transparencia, y esa es una discusión que no se ha dado aún en Chile. En general en sistemas comparados hay organizaciones privadas a las que se les aplica la ley, con claridad, por sus propias características.

 

¿Las autopistas, por ejemplo?

 

En algunos países las concesionarias públicas tienen obligaciones de transparencia, no equivalente a un servicio de administración. Es la discusión que se ha abierto en otras partes y probablemente una discusión que se va a desarrollar en Chile en su momento, en orden a que este tipo de obligaciones también pueden ser expandidas al mundo privado.
Uno de los déficits que hay en nuestra sociedad es el de confianza. Hay mucha desconfianza en las organizaciones, y no hace distinciones respecto a las públicas o privadas, y una forma de hacerse cargo de esa brecha de confianza es a través de mecanismos de acceso a información. El sistema de acceso de información y la transparencia mejora la percepción de confianza de las personas respecto de las organizaciones.

 

¿Cómo se han comportado los diferentes organismos públicos en la entrega de información?

 

Paulatinamente ha habido un nivel de cumplimiento que ha ido in crescendo. Los niveles de cumplimiento de hace cuatro, cinco años atrás no son los de hoy día. Siempre destacó en las evaluaciones la administración pública, y siempre apareció como rezagada la administración municipal. Hoy día los resultados se han ido acercando gracias a un trabajo muy intenso que se ha hecho con municipios, y los niveles de cumplimiento tanto de trasparencia activa como de trasparencia pasiva de oportunidad en la resolución de las solicitudes ciudadanas es más o menos equivalente, y son estándares bastante altos respecto de los requerimientos de información que se le hacen a los organismos de la administración.

 

¿Los problemas que tienen las municipalidades dependen de su envergadura?

 

En Trasparencia no. Nosotros hemos aprendido que el factor de éxito de la política de transparencia en los municipios tiene que ver más bien con el compromiso de los alcaldes. Tenemos casos de municipios pequeños, rurales, con pocos recursos que tienen mejores cumplimientos que municipios urbanos con más recursos y con más capacidades profesionales.

 

¿Cuáles son los próximos desafíos de su gestión?

 

Nosotros lo que debiésemos consolidar es una cultura de transparencia en la población, ese me parece que es el factor crítico de éxito de esta política pública. En la medida que las personas tengan conciencia, las personas comunes y corrientes, de que exigir información es un derecho y que es un derecho que está garantizado, se van a producir los efectos persuasivos que tiene la transparencia respecto, por ejemplo, de los temas de corrupción o falta de probidad . Sólo con ciudadanos informados capaces de pedir rendición de cuentas respecto de las decisiones públicas, se va a generar un ambiente de control en que los funcionarios públicos, los gestores de recursos públicos, van a tener conciencia de que frente a cualquier decisión o contratación, por ejemplo, pueda haber un ciudadano común y corriente que les puede pedir explicaciones respecto de que por qué se tomó una decisión u otra. Entonces, en la medida que la gente no tenga una conciencia de derecho masiva, este efecto no se va a producir, que es uno de los más relevantes que puede acarrear la implementación de la política de transparencia en el país. Ello me parece a mí que es el desafío central.

 

¿Usted cree que la ciudadanía está correctamente informada acerca de sus derechos?

 

En general, en algunos ámbitos sí. Me llama la atención, por ejemplo, el ámbito del consumo: el SERNAC está muy posicionado en la población. Las personas en general reconocen cuáles son sus atribuciones, y si tienen alguna dificultad en su vida, en el ámbito del consumo probablemente van a saber que hay que recurrir al SERNAC. Nosotros debiésemos instalar en la mente de las personas una figura equivalente en orden a que, en el ámbito de su vida propiamente más ciudadano tienen derecho a pedir información, tienen derecho a pedir rendición de cuentas, y si esos mecanismos legales no funcionan, existe así como existe el SERNAC en el consumo, el Consejo para la Trasparencia en el ámbito del ejercicio de los derechos ciudadanos y la relación que tienen las personas con el Estado. Sentimos que desde ese punto de vista falta información siempre, y creemos que la forma de comunicar es más bien a través de experiencias concretas de uso, por ejemplo que un vecino haya ejercido este derecho, y eso le ha servido para obtener algún subsidio, algún beneficio o para hacer algún tipo de control respecto de alguna gestión pública. Estos casos hay que mostrarlos masivamente, de modo que las personas que identifiquen una situación equivalente o similar que a ellos les aqueja sepan que a través de un mecanismo práctico, concreto, muy simple de implementar, pueden acceder a información y que este derecho está garantizado.

 

¿Faltan campañas del Gobierno para divulgar este derecho?

 

Y de los servicios públicos. A mí me parece que sí. Primero que hay una oportunidad que se está dejando de lado. Los servicios públicos ganan con la mayor conciencia de derecho de los ciudadanos, que conocen la ley y han ejercido el derecho de acceso de información. En todos nuestros estudios tienen una mejor percepción de los organismos públicos que aquellos que no saben de la existencia de estos mecanismos. Entonces cada organismo público, cada gestor público, cada funcionario público debiese ser un difusor de estas ideas y un promotor del acceso de información, con eso estarían  generando un mejor posicionamiento de sus propios servicios.

 

En cuanto a  la Ley 20.285, ¿todos los órganos cumplen con difundir regularmente información actualizada? ¿Se cumple?

 

Tienen la obligación de mantenerla en sus sitios electrónicos. En promedio, en el ámbito de la administración en más de un 92%, y en el ámbito de la administración municipal en términos superiores al 80%. Nosotros podemos revisar hoy día los sitios electrónicos de municipios, de organismos de la administración, y se puede encontrar allí  un montón de información corporativa, información financiera, transferencia de recursos, la nómina de empleados con sus respectivas remuneraciones, y una serie de antecedentes más que las organizaciones deben mantener actualizados y nosotros debemos fiscalizar permanentemente.

 

¿Existe algún órgano público que no tenga información en algún sitio web?

 

Podría haber, pero por razones coyunturales. En términos generales no tengo conocimiento que exista algún organismo que no tiene hoy día su información disponible, pero podría haberlo, naturalmente, ya sea por una cuestión transitoria o por una razón más bien coyuntural. Entendemos que, por regla general, los organismos están cumpliendo con su obligación de mantener esta información; cosa distinta es que la información esté actualizada, que es una cuestión que ya supone un análisis más profundo, y que esta información sea veraz, que es un análisis también más complejo que nosotros estamos desarrollando paulatinamente.

 

¿Y se fiscaliza que la cobertura alcance al 100%?

 

El Consejo fiscaliza que haya una cobertura 100% en forma permanentemente. Lo que pasa es que hay situaciones en que un servicio frente a una evaluación determinada tiene menos puntos del 100%. Y el Consejo lo que hace precisamente es representarle este incumplimiento, les explica cuáles son las brechas de información, que normalmente son de actualización. No es que falte un ítem, sino que, por ejemplo, no está actualizado el último mes. Pero el Consejo está permanentemente evaluando, sacando una foto, reportando, recibiendo reclamos y requiriendo a los servicios que mantengan disponible toda la información que establece la ley.

 

¿Una persona indocumentada puede pedir información?

 

Podría pedir información, porque lo que la ley exige hoy día básicamente es que se señale un nombre, y una dirección postal, o de correo electrónico. Puede ser un extranjero, mayor de edad, menor de edad, incluso esta petición se puede hacer desde fuera del país. Hoy día con las herramientas tecnológicas que soportan el sistema, el Portal de Transparencia, por ejemplo, permite que se hagan solicitudes desde cualquier parte del mundo.

 

Si las solicitudes no se entregan en el plazo de 20 días, ¿cuál es la sanción que arriesga el organismo?

 

La sanción que se arriesga es un reclamo ante el Consejo para la Trasparencia, y ese reclamo puede derivar en un sumario administrativo. Los órganos públicos, los servidores públicos, tienen la obligación de mantener sus procedimientos, sus sistemas debidamente coordinados para que esta obligación se cumpla. Pero, el mensaje para las personas es que pueden pedir información, que es un derecho. Si lo ejercen, si no hay respuesta, si la información no se entrega, si se invoca una causal de reserva secreta o que la persona no la comparte, tiene derecho a recurrir al Consejo para la Transparencia. Se trata de un procedimiento gratuito, no requiere el patrocinio de abogado, es muy simple recurrir al Consejo para la Transparencia. Asimismo, es fácil solicitar información, se  puede realizar en forma presencial o a través de medios electrónicos con la expresión del nombre o una dirección, postal o correo electrónico, la explicitación del documento o antecedente que se busca. De la misma manera si la información no llega dentro del plazo, así de fácil también puede recurrir al Consejo y éste inicia el procedimiento tendiente a esclarecer los hechos y eventualmente puede derivarse de ello la aplicación de sanciones.