Por Eileen Hernández y Javiera Zamora
En días recientes, DiarioConstitucional.cl entrevistó al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien nos entregó información sobre SERNAPESCA, SERNATUR y SERNAC.
Según SERNAPESCA, el 70% de los recursos hidrobiológicos marinos están en situación de colapso o en peligro de extinción. Hay consenso en que la principal causa de esta situación es la sobreexplotación de la fauna marina. El programa Sello Azul tiene entre sus objetivos principales comprometer a los comercios que expenden productos del mar y a sus proveedores a una política de trabajo sustentable. Además plantea aumentar la fiscalización y el combate a la pesca ilegal. ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser el programa Sello Azul toda vez que busca comprometer a comerciantes y pescadores artesanales; actores pequeños dentro de la industria, pero no hace gran referencia a las grandes empresas pesqueras del país, principales causantes de la crisis que vive el sector pesquero?
Los informes de Subpesca indican que las principales pesquerías tales como, Merluza del Sur, Congrio dorado, Jurel están en situación de colapso. Hay consenso en que la principal causa de esta situación es la pesca ilegal de la fauna marina. En este contexto, el Servicio ha propiciado la iniciativa del Programa de Consumo Responsable de Productos del Mar denominado "Sello Azul", distintivo que reconoce el compromiso voluntario que asumen las personas para cumplir la normativa pesquera y comercializar solo pesca de origen legal, siendo ésta una herramienta que contribuye a mitigar la pesca ilegal y a promover la sustentabilidad de la actividad pesquera.
El Sello Azul se entrega a centros de comercialización (restaurantes, salas de venta, pescaderías, supermercados, etc.), de productos del mar que cumplen la normativa pesquera, respetando los periodos de vedas, las tallas mínimas y la compra de productos con Acreditación de Origen Legal, contribuyendo y fomentando la compra y consumo responsable de pescados y mariscos.
Este programa voluntario tiene un carácter educativo, para que así las personas puedan tener una herramienta que les permita hacerse parte del cuidado de los recursos mediante un consumo responsable, desincentivando así la compra de productos obtenidos de forma ilegal, que va en directo desmedro de la pesca artesanal y de quienes cumplen la normativa pesquera. Debemos recordar que según antecedentes hoy solo 1 de cada 3 merluzas comercializadas es legal, y los consumidores juegan un rol clave para romper esta cadena
Finalmente, señalar que el programa promueve también el vínculo directo entre establecimientos comerciales, principalmente restaurantes, y pescadores artesanales y así potenciar una venta directa y reducir la intermediación en la cadena de valor, como también agregar valor a los recursos y al trabajo que realizan los pescadores artesanales.
Una experiencia exitosa fue lo que se generó durante la Feria ÑamSantiago donde a través del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal se reunió a las caletas pesqueras del norte, centro y sur del país con empresarios gastronómicos de la Región Metropolitana quienes conversaron sobre sus productos, la forma en que se pescan, cómo los comercializan, entre otros aspectos, sellando valiosos vínculos. Asimismo, se hará durante el presente año cuatro encuentros similares en regiones con la iniciativa La Ruta de las Caletas.
Entonces, primero, el “Sello Azul”: su efectividad radica en que la demanda (los consumidores finales) tomen conciencia del estado crítico de las pesquerías y por ende prefiera los recursos de origen legal. Por lo anterior el ámbito de aplicación de este programa es al consumo nacional de recursos pesqueros, cuyos principales proveedores son los pescadores artesanales.
Cabe señalar que la producción de las grandes empresas su principal destino es la exportación, que no está en el alcance del Sello Azul. No obstante, para este sector existen otras herramientas de fiscalización, tales como, auditorías, monitoreo de sus naves, bitácora electrónica, programas de aseguramiento de calidad, registro de sistema de pesaje y próximamente de imágenes.
En distintas instancias se han efectuado una serie de presentaciones para conocer las cifras reales de uso de antibióticos en la industria salmonera en Chile, recurriendo incluso al Consejo para la Transparencia. La industria salmonera ha respondido a los múltiples cuestionamientos por este tema lanzando el Proyecto Pincoy, que busca reducir el uso de antibióticos e integrar al sector las políticas de responsabilidad social empresarial.
¿Su Ministerio ha realizado o está realizando estudios tendientes a conocer los efectos que podría tener el uso excesivo de antibióticos en los consumidores, toda vez que el Proyecto Pincoy podría entenderse como un reconocimiento tácito de la industria a dicha situación?
El buen uso de antibióticos es un tema transversal a la producción animal y la salud humana en Chile como en el mundo. Esta medida está considerada en el concepto de “una Salud” acuerdo tripartito entre la Organización Mundial de Salud (OMS), FAO y la Organización mundial de Sanidad Animal (OIE) para prevenir la resistencia anti microbiana. En este contexto sectorialmente, tanto SERNAPESCA como la Subsecretaría de Pesca nos adherimos al plan nacional en el ámbito de la acuicultura. Para la salmonicultura, hemos reforzado el plan de reducción de uso de antimicrobianos, a través de 3 áreas estratégicas: la primera es fortalecimiento del control de uso de antibióticos a través del seguimiento continuo de las prescripciones veterinarias, la promoción de la certificación de centro de cultivo libres de uso de antibióticos (sello de buenas prácticas sanitarias) y la comunicación a los diferentes actores en la cadena de producción del salmón, como la capacitación en el buen uso de fármacos en la acuicultura a través de un diplomado único en el mundo organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y patrocinado por SERNAPESCA; la segunda línea es combatir la bacteria más relevante en la salmonicultura causante del Síndrome Ricketsial del Salmon (SRS), a través de una nueva estrategia tendiente a fortalecer las medidas preventivas, una mejor bioseguridad y mejores prácticas de uso de antimicrobianos por parte de los productores, y aplicar medidas estrictas de retiro de animales enfermos que impacten el bien común y así realizar menos terapias antimicrobianas y mejorar es estatus sanitario; la tercera línea es el desarrollo de Ciencia e Innovación para entender mejor la enfermedad (SRS) y hacer más eficiente las terapias con antibióticos así como innovar en medidas preventivas y curativas, tales como probióticos, prebióticos, animales más resistentes, uso de productos naturales, etc. Para esta línea estratégica, el Ministerio de Economía ha financiado un proyecto de investigación, inédito en Chile, desde el año 2015, a través del fondo de Inversión estratégica (FIE) de M$ 14.000, cuyo objetivo principal es disminuir el uso de antibióticos y el impacto de la principal enfermedad en la salmonicultura en Chile (SRS Cabe señalar además en cuanto a la información de estas materias que la Ley de Pesca promueve la transparencia sobre el uso de fármacos en el país y semestralmente Sernapesca emite este informe público. Finalmente, indicar que como Gobierno valoramos el esfuerzo de privados que impulsan el proyecto Pincoy en línea con lo que como autoridades proponemos.
Existen hoy muchas aplicaciones que los turistas utilizan a la hora de elegir un destino para viajar. Dentro de las más conocidas están TripAdvisor y Airbnb. En algunos países el comercio local tiende a resistir el ingreso de estas iniciativas, como ocurre actualmente en Chile con las aplicaciones de transporte Uber y Cabify.
¿Cuál es la postura oficial de su Ministerio con respecto al establecimiento formal de dichos sistemas en nuestro país, considerando que en otros países han existido fuertes críticas a Airbnb de parte de la industria hotelera local?
Como ha ocurrido en todo el mundo, todas estas nuevas formas de hacer negocios, de compartir o de reunir capital para iniciativas sociales o de emprendimiento, han motivado profundas reflexiones, ya que muchas veces estas innovaciones escapan de los límites tradicionales de funcionamiento de los mercados o de los marcos normativos de los países. En todo caso, respecto de plataformas como Airbnb, existe un relativo consenso, tanto público como privado, sobre la importancia de incorporar tecnología al sector, de manera que así se contribuya a generar mayor dinamismo y desarrollo turístico en el país. Esta es la principal razón, por la que por ejemplo, en Turismo estamos implementando Centros de Extensionismo Tecnológico, que desarrollan diagnóstico de las brechas existentes y buscan acercar soluciones tecnológicas a los empresarios turísticos.
En general, no existe una oposición a estos sistemas que permiten a los viajeros encontrar alojamiento, pero tanto a nivel nacional como internacional, se les pide a estas empresas y sus aplicaciones móbiles o plataformas web, que la oferta que las alimenta debe cumplir con la legislación nacional. En ese sentido, el cumplimiento de las normas tributarias y la formalización en el registro del Servicio Nacional de Turismo.
El proyecto que modifica las atribuciones del Sernqac ha sido criticado por representantes del comercio y paradójicamente también por representantes de los consumidores. Los empresarios critican el aumento en las facultades normativas y de fiscalización. Por su parte, Conadecus critica aspectos técnicos relacionados con la transparencia en la gestión del SERNAC.¿Saldrá fortalecido el SERNAC y la buena percepción que la ciudadanía tiene de él si se aprueban las reformas?
El proyecto de Ley es un proyecto ciudadano que busca establecer pilares básicos de institucionalidad para que la economía moderna que Chile se merece funcione en beneficio de los consumidores. Ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de la Economía del Senado y en otras instancias parlamentarias, y ha contado con el apoyo de académicos y asociaciones de consumidores. También han participado las Asociaciones de Consumidores, proponiendo modificaciones al proyecto, las que fueron recogidas en las indicaciones ya aprobadas. Importantes Asociaciones apoyan el proyecto.
A la ciudadanía le interesa saber que puede contar con un SERNAC fuerte, con facultades que hoy cree que el SERNAC tiene, pero carece, estas son las facultades para multar a las empresas que no cumplen la Ley y que pueda salir a fiscalizar mercados.
Esta iniciativa está llamada a constituirse en un hito histórico para Chile, adaptando nuestra institucionalidad a las demandas de una ciudadanía más exigente y empoderada, y también fortaleciendo a la sociedad civil, a través de las Asociaciones de Consumidores, para trabajar juntos por una cultura de respeto de los derechos y prevención de los abusos. Es una legislación que Chile se merece.
¿Qué importancia tiene la mediación y qué tan efectiva es para solucionar conflictos entre proveedores y consumidores?
Las instancias de solución alternativa de los conflictos tienen una gran relevancia en esta reforma, ya que se busca priorizar las soluciones colaborativas, previas a las instancias judiciales.
A nivel individual, se fortalece la mediación, imponiendo al proveedor un plazo y la obligación de contestar al reclamo del consumidor. Este es un avance ya que actualmente la respuesta por parte del proveedor es voluntaria y muchas veces obliga al Servicio a cerrar la tramitación de reclamos con la categoría “proveedor no responde”. Por otro lado, se introduce una nueva instancia de solución alternativa: la conciliación, donde un funcionario del SERNAC buscará que las partes lleguen a un acuerdo. La etapa de conciliación será obligatoria para el proveedor, pero voluntaria para el consumidor.
A nivel colectivo, se regula el procedimiento voluntario para la obtención de soluciones en caso de afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores. Se establecen requisitos para su procedencia, plazos de duración, etapas de su tramitación, publicidad y efectos.
Las mediaciones buscan una solución rápida y efectiva para que los consumidores reciban respuestas y compensaciones frente a problemas que tienen con las empresas sin tener que llegar a la justicia.