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Propone medidas.

Informe advierte falta de recursos para persecución del delito de abigeato.

Los diputados explican que las cifras exponen un índice de condenas extremadamente bajo respecto al número de ingresos.

26 de abril de 2017

El estudio realizado a las leyes 20.090 y 20.596, que sancionan y fiscalizan el delito de abigeato reveló la falta de recursos para que los organismos persecutores realicen investigación, especialización y capacitación ciudadana, entre otras acciones.

Cabe recordar que el documento fue entregado al Presidente de la Corporación, diputado Espinoza, por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara. 

El informe describe que dichas normativas otorgaron un marco jurídico completo al delito de abigeato, al incorporar conductas específicas referidas al robo o hurto de ganado, como también conductas asociadas y preparatorias de dicho ilícito. Lo anterior, con sanciones agravadas respecto del robo o hurto de otras especies, indican.

Los diputados explican que las cifras exponen un índice de condenas extremadamente bajo respecto al número de ingresos, señalando que el porcentaje de sentencias condenatorias registrado en los últimos años es cercano al 2%, mientras que el archivo provisional supera un 80%, lo que refleja la poca efectividad de las normas.

Asimismo se expone que algunas zonas de gran producción agrícola y ganadera cuentan con formas de organización de iniciativa privada impulsando una fuerte respuesta hacia la comisión de este delito, aunque esta realidad no corresponde a la mayoría del país.

Conforme a lo anterior, dentro de las recomendaciones más relevantes que se exponen en el texto están: revisar la normativa sobre mataderos clandestinos; mantener la agravación penal; analizar la incorporación de la enajenación temprana para casos de especies animales y vehículos incautados; estudiar la incorporación de la interceptación telefónica como herramienta de investigación; institucionalizar el Banco de ADN, de manera de dotarlo de recursos y extender su aplicación a otras zonas del país; capacitar a las instituciones fiscalizadoras y de persecución para su utilización; incorporar el apoyo de las universidades regionales para su implementación; mejorar la coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Agrícola Ganadero, Servicio de Salud y policías, entre otros.

                                    

 

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