La moción de los diputados Aquiló, Andrade, Carmona, Chahin, Gutiérrez, Jiménez, Núñez, Rincón, Teillier y Vallejos, expone que en nuestro sistema constitucional las inhabilidades para ser candidato a Diputado o Senador afectan a personas que, aun teniendo los requisitos de elegibilidad, no pueden ser elegidas para puestos de elección popular por desempeñar determinados cargos o encontrarse en las situaciones específicas que señala la Constitución.
Observa luego que una de las hipótesis, referidas a la interdicción aplicable a los dirigentes gremiales y vecinales, es una noción difícilmente compatible con un estado democrático y pluralista y pretende “establecer compartimientos estancos entre la dirigencia política y la dirigencia de actividades sociales”.
Al respecto, los autores de la iniciativa recuerdan que la génesis de esta norma es clarificadora, pues “uno de los puntos que requirió mayor atención fue la propuesta de inhabilitar a los dirigentes gremiales y vecinales de postular al Congreso”. Así, sostienen que las ideas aprobadas por la Comisión de Estudios y por la Junta de Gobierno representarían la “democracia protegida” que instaló en Chile a partir de la Constitución de 1980.
En ese sentido, la propuesta aduce que la democracia debe incluir a todos los actores que representen las diversas posturas en la sociedad. Agrega, que hoy existe una cantidad importante de legisladores cuyo respaldo ciudadano se ha legitimado a partir de su escalada como dirigentes sociales, lo cual positivo para la representación de las diversas posiciones que existen en nuestra ciudadanía.
Por los antecedentes antes expuestos, el proyecto de reforma constitucional busca suprimir el impedimento para ser candidatos a Diputado o Senador, previsto para las personas que desempeñan cargos directivo de naturaleza gremial o vecinal atendido a que tal interdicción no se justificaría en el sistema democrático, pues los motivos de tal prohibición que pretendía evitar la politización en estos ámbitos, significa excluir la posibilidad de intercambiar ideas políticas en las bases mismas de la participación ciudadana, lo que no encuentra apoyo en un Estado democrático de derecho que apunta justamente a la más amplia participación social posible.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
RELACIONADOS