Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 4º y 292 del Código del Trabajo y el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
La primera de las normas impugnadas establece una presunción de derecho referida a quienes representan al empleador y lo obligan con los trabajadores. Mientras que la segunda dispone que: “En caso de negativa del empleador a dar cabal cumplimiento a la orden de reincorporación o ante una nueva separación o no pago oportuno y debido a las remuneraciones y demás prestaciones laborales, el tribunal, de oficio, hará efectivo los apercibimientos con que se hubiese decretado la medida de reincorporación, sin perjuicio de sustituir o repetir el apremio hasta obtener el cumplimiento íntegro de la medida decretada. Contra esta resolución no procederá recurso alguno”.
Por su parte, la norma del Código de Procedimiento Civil impugnada, establece: “Cuando se trate del cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los artículos anteriores, corresponderá al juez de la causa dictar las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio”.
La gestión pendiente invocada es un recurso de amparo preventivo seguido ante la Corte de Apelaciones de Rancagua en contra de un Juez de Letras del Trabajo de esa ciudad, el cual ha sustanciado un procedimiento de apremio que, el requirente, califica de “arbitrario y erróneo”.
Este estima que de aplicársele tales disposiciones en definitiva para resolver lo pendiente se vulneran sus garantías constitucionales, específicamente, la igualdad ante la ley, el debido proceso y la libertad personal, por cuanto los apremios decretados por el Juez laboral exceden las atribuciones otorgadas por el legislador y tal legislación no está en armonía con la Carta Fundamental.
La Segunda sala confirió traslado por diez días al juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua y a las partes del proceso laboral, para que se pronuncien acerca de la admisibilidad del requerimiento deducido. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del expediente y del requerimiento Rol N° 1971.
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