El proyecto de ley, anunciado por el Ejecutivo, plantea que los senadores, diputados y el Contralor General de la República también estén obligados a constituir un mandato de administración sobre la totalidad de sus acciones de sociedades anónimas abiertas y otros valores.
A esta obligación también se encontrarán sometidos los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes, quienes deberán cumplir esta norma en dos escenarios: cuando sus valores se vinculen con entidades privadas sujetas a fiscalización o control de sus organismos, o cuando se vinculen directamente con su ámbito de competencia.
En otro aspecto, la iniciativa establece una regulación más específica de la declaración de intereses de autoridades que no forman parte de la administración del Estado, como los senadores y diputados, así como miembros del escalafón primario del Poder Judicial, ministros del Tribunal Constitucional y funcionarios del Ministerio Público.

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