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Promoción y respeto.

CIDH publicó Informe sobre Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales.

El documento aborda el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región.

11 de abril de 2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el Informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo".

El documento aborda el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región.

Al efecto, destaca el documento que las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región, son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. Sin embargo, dichas actividades y proyectos importantes para la prosperidad y desarrollo económico de los países de América, se ejecutan en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.

En ese sentido, el Informe desarrolla cuáles son estas obligaciones con miras a garantizar que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro-descendientes.

Así, se sostiene que los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Además, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia.

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas, tanto generales como específicamente adaptadas para la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este conjunto de recomendaciones procura promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito.

 

 

Vea texto íntegro del Informe.

 

 

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