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En primer trámite.

Presentan proyecto que impide a empresas coludidas participar en procesos de licitación.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Economía del Senado.

9 de noviembre de 2015

La moción presentada por el senador Navarro pretende establecer inhabilidad especial para contratar con el Estado en caso de haber sido condenado por delitos que atenten contra la libre competencia.

Y es que se expone que, desde el año 2007 a la fecha, el Estado de Chile compró cerca de US$41 millones en productos tissue, a las empresas CMPC Tissue y SCA, con un evidente impacto fiscal producto de la colusión entre estas empresas.

Al efecto, indica al autor de la iniciativa que “las empresas o personas naturales que se convierten en proveedores del Estado, deben ser respetuosas del ordenamiento jurídico, de manera tal que no se puedan violar las normas emitidas por el Estado, y luego contratar con el mismo como si nada hubiera pasado”, agregando que “el descubrimiento del cártel más grande de la última década en Chile, por parte de las empresas CMPC y SCA, quienes a través de nombres falsos, correos de palos blancos y prácticas dignas del cártel de Cali, se ponían de acuerdo para fijar los precios de productos de la Canasta Básica Familiar, como lo son el papel higiénico, toallas y pañuelos desechables, servilletas, entre otros productos tissue, abre el debate respecto de establecer la inhabilidad de que estas empresas puedan participar a través de Chile Compras  a cualquier tipo de licitación con el Estado”.

Es por esto, agregó el parlamentario, que resulta coherente que se establezca una inhabilidad especial para que las empresas condenadas por delitos contra la Libre Competencia (colusión, abuso de posición monopólica o conductas predatorias), puedan contratar con el Estado. En vista del gran perjuicio que estas conductas traen al mercado y a los consumidores, aumentando además la inhabilidad de 2 a 10 años.

Conforme a lo anterior, el senador concluyó manifestando que “es un deber político y ético regular para que el Estado no pueda contratar con ningún grupo económico que haya defraudado al Estado y a millones de chilenos. Esperamos que, tal como la condena ha sido trasversal a estas prácticas, se manifieste ese mismo apoyo a estas iniciativas”.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Economía del Senado.

 

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

 

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