En una reciente publicación de la Biblioeca del Congreso Nacional, se da a conocer una entrevista a María Jaraquemada, abogada Universidad Católica de Chile, sobre la reforma constitucional que aprueba el financiamiento electoral para el plebiscito.
¿Qué opina de que se haya aprobado la reforma?
La verdad es que es una gran noticia que finalmente se haya aprobado, a ratos ya habíamos perdido la esperanza de que esto ocurriera, y de hecho se aprobó en última instancia, y justo cuando ya empezó a regir el periodo propaganda electoral para el plebiscito.
Yo creo que es una buena noticia que se haya hecho, hay que mirar el vaso mucho más lleno, que vacío, porque el panorama de que no se aprobara, era básicamente la ley de la selva, y yo creo que, en ese sentido, tenemos que felicitar que se haya aprobado, aunque haya sido a último minuto.
¿Por qué es relevante que se haya aprobado la reforma?
Esto implica que finalmente ciertos principios que nosotros nos hemos dado, y que hemos consentido, en que son virtuosos, respecto de periodos electorales, se van a promover y se van a respetar; como son la transparencia del financiamiento, la rendición de cuentas a la ciudadanía, y también, al órgano de control que es el Servicio Electoral, y tener una cancha pareja para las distintas opciones que se están promoviendo, es decir, que el dinero no va a ser lo más importante, lo gravitante, para ganar una elección o el plebiscito, como es este caso, y también, evitar la captura del dinero hacia la política.
Entonces, en ese sentido, es muy relevante que se haya aprobado esta normativa.
Creo que esto además, va a contribuir a la legitimidad del proceso, donde no sólo va a importar el día del plebiscito propiamente tal, sino todo lo que ocurra antes y también después; y en ese sentido la regulación del financiamiento electoral del plebiscito, va a ser muy relevante para darle esta mayor legitimidad ante la ciudadanía.
En este sentido, creo que es muy favorable que se permita que no solo los partidos políticos hagan propaganda, respecto a las distintas opciones del plebiscito, sino también, movimientos y organizaciones de la sociedad civil, que es algo también acorde a experiencias internacionales, como ocurrió por ejemplo en el Reino Unido con el Brexit o en Colombia con el referéndum de los Acuerdos de la Paz.
Y porque también el plebiscito, bueno, todos sabemos algo bastante inédito en nuestra historia está el plebiscito constitucional, y hay mucho interés de la sociedad civil y de la ciudadanía organizada de poder participar, por lo tanto yo creo que es algo muy positivo que se haya permitido esta opción.
Y por otro lado también se establecen topes a las donaciones, para que así no haya pocos donantes con montos muy altos que puedan como decía, capturar la política a futuros candidatos o autoridades que hoy en día ejercen el cargo, y también para tratar de propender a una cancha más pareja, y asimismo, establecer límites al gasto que vienen a fortalecer lo anterior.
¿Qué obligaciones tienen respecto al fnanciamiento con el servicio electoral?
Obligación de informar al Servicio Electoral, dentro de un plazo muy breve, de quiénes son las personas, y los montos que se están aportando, y éste tiene que publicarlo, por tanto, debe haber transparencia. También sobre esta materia, salvo montos muy pequeños, como ocurre en las elecciones presidenciales, en las elecciones de parlamentario, y también en las elecciones municipales.
Por otro lado, tal como ocurre en el resto de nuestras elecciones se prohíbe el financiamiento extranjero, salvo de personas que puedan votar acá en Chile, y que residan en Chile, y también muy importante, el de personas jurídicas, que es un gran avance que logramos, con la reforma del año 2016, y que por lo tanto se va aplicar.
¿Hay alguna dificultad que podamos encontar?
Yo creo que las dificultades que podemos encontrar, es que no se estableció que todos estos movimientos para los aportes o gastos tengan que realizarse a través de una cuenta única, que abre el Servicio Electoral, y a la cual tiene acceso, por lo tanto, le facilite la fiscalización y ver que efectivamente se estén respetando los límites al gasto los topes de las donaciones, por lo tanto, eso va a hacer que sea más fácil de eludir estas normativas, es una dificultad, pero claro estábamos muy a contratiempo, por lo tanto, es difícil que esto se haya podido hacer.
Y por otro lado, las sanciones son bajas, son de multas, cuando las reformas que nosotros establecimos el año 2016, ya habíamos acordado que eso era poco disuasorio, y que habían ciertas infracciones que correspondían a delitos, como, por ejemplo, el financiamiento de personas jurídicas, o cuando se recibían donaciones que sobrepasaran en un monto muy alto los topes, y también con el límite del gasto electoral.
Y en ese sentido, acá no se están aplicando sanciones penales, sino que sólo multas, por lo tanto, puede ser también un poco disuasorio para no cumplir con esta normativa.
Y, por último, también, yo creo que una dificultad es que, al llegar un poco tarde, todo lo anterior, todas las obligaciones y prohibiciones que estamos estableciendo, ya pueden haber ocurrido y eso no infringe la ley, porque esta ley no existía, entonces, ya puede que haya donaciones del extranjero o de personas jurídicas, o incluso que vayan muy por encima del límite al gasto y los topes de las donaciones.
Pero bueno, como decía, aunque en un inicio, hay que mirar el vaso más bien medio lleno, y yo creo que es una muy buena noticia, que aunque haya sido a última hora esta normativa se haya aprobado y hoy en día esté vigente en nuestro país.
¿Cómo se implementan estas normativas y cuáles son los desafíos?
Yo creo que un tema muy relevante, es cómo se implementan estas normativas, porque muchas veces las leyes pueden estar redactadas de modo que ni si quiera cumplan con el objetivo para el cual se dictaron, pero a veces la implementación es más difícil, o es más pobre, y, por lo tanto, no se cumple cien por ciento o íntegramente con esos objetivos.
Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que avanzar a que haya una mayor fiscalización por parte del Servicio Electoral, en terreno sobre el cumplimiento de las normativas, especialmente lo que tiene que ver con el gasto, porque ese es el modo también de detectar si hay inconsistencias entre lo que yo declaro y lo que efectivamente estoy gastando en terreno; entonces yo creo que eso sería muy importante, porque además también se cumpliría con un objetivo disuasorio, al ver que efectivamente el Servicio Electoral está desplegando mayor fiscalización en terreno.
Y creo que también, ojalá los procedimientos administrativos si bien obviamente, tienen que cumplir con un debido proceso, ojalá fueran un poco más rápidos y por lo tanto, en las sanciones cuando se establezcan a las infracciones, lleguen más cercanas al proceso electoral, a veces están llegando un año más tarde, y por lo tanto también ahí se priva de un efecto disuasorio importante que es que el lector conozca de estas infracciones a tiempo, y lo pueda considerar al momento de votar.
Yo creo que ahí tenemos un gran desafío siempre respetando las normas del debido proceso.
Yo creo que también otro desafío relevante es el uso de tecnologías, tanto en la fiscalización, como por ejemplo en la difusión de la información.
Yo creo que podemos difundir información a la ciudadanía, por ejemplo como los aportes que se hacen a las campañas de una manera mucho más sencilla, más gráfica y usando las tecnologías que nos permitan también llegar de mejor modo a la ciudadanía.
Por otro lado, tenemos en el caso de las elecciones municipales, y en el caso las elecciones parlamentarias y presenciales, un alto número de denuncias ciudadanas por infracción a la normativa inadmisible. Yo creo que en ese sentido también tenemos que revisar si es que quizá los estándares que estamos exigiendo son muy altos, o si es que nos falta difundir de mejor manera la información a la ciudadanía sobre qué constituye una infracción, para que de este modo no haya una frustración grande y se termine no utilizando este importante canal para detectar infracciones y para contribuir al control ciudadano, como son las denuncias ciudadanas que también es una gran novedad de la reforma del año 2016.
Yo creo que en algo que nos quedamos también cortos en las reformas que se hicieron año 2016, es en mayores restricciones para intentar impedir el intervencionismo electoral de los órganos del Estado; y en ese sentido y quizás ahora en el plebiscito dado que no son candidaturas personales, sino que son más bien opciones, puede que no lo veamos tanto, pero si en la gran cantidad de elecciones que vamos a tener el año 2021, por ejemplo lo que dice relación con la contratación a honorarios en época de periodo electoral un poco antes, previo al periodo electoral, en la difusión y gastos en publicidad donde Contraloría, por ejemplo también ha detectado que hay varios municipios, hay muchos municipios, que tienden a aumentar el gasto de publicidad en los meses de campaña electoral, y que coincide generalmente, cuando el alcalde o alcaldesa que está gobernando va a la reelección, por lo tanto, yo creo que eso también sería relevante, y también es importante regular la precampaña que eso quedó establecido para los candidatos presidenciales, pero sería importante también establecerlo para los candidatos al Congreso, y también los candidatos y candidatas a gobiernos regionales y los municipios.
Y por qué no también pensar en los delegados y delegadas, para la convención mixta o convención constitucional, en caso de que gane el apruebo.
Yo creo que son los mayores desafíos que nosotros tenemos hoy en día en norma de financiamiento electoral, pero sin duda, que podemos ver un cambio con las normativas aprobadas en el año 2016.