En una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, se analiza el estado de avance de 13 iniciativas legales en materia de seguridad pública, a raíz de las principales peticiones del gremio de camioneros que se plegaron al paro y a las movilizaciones que concluyeron esta semana tras un acuerdo con el Gobierno.
Los transportistas piden el cumplimiento de la ley y el fin de la violencia para poder realizar su labor de transporte y abastecimiento en condiciones de paz y seguridad, señala el estudio, para lo cual han solicitado al Congreso y al Poder Ejecutivo apurar el avance de trece iniciativas legislativas que entregan más y mejores herramientas a la autoridad para la persecución y condena de los hechos delictuales y terroristas involucrados, como también mayor presencia del Poder Judicial y del Ministerio Público para solucionar los problemas.
El estudio señala que los paros, en general, son medidas de presión indebidas para conseguir soluciones; en ello no caben dobles lecturas, así como tampoco debiera haberlas respecto de la necesidad, en un Estado de derecho democrático, de perseguir y enfrentar, con todo el rigor de la ley, los hechos de violencia y los actos delictivos y terroristas que asolan a La Araucanía y lamentablemente, desde octubre de 2019, a otras ciudades y regiones del país.
Agrega el estudio que al analizar las iniciativas legislativas aludidas por el gremio de camioneros se puede constatar que el avance en su tramitación ha sido en extremo lento, mostrando la falta de voluntad política para avanzar con celeridad en esta agenda de seguridad planteada por el Gobierno, la que contrasta con la rápida aprobación de otros proyectos de ley tramitados en el último tiempo.
En aras del buen funcionamiento de nuestra democracia y con el fin de proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, resulta imperativo y urgente, señala el estudio, avanzar en la agenda de seguridad pública pendiente en el Congreso Nacional. Para ello es imprescindible que las urgencias legislativas se cumplan en el parlamento y que exista voluntad política decidida por parte de los diputados y senadores para avanzar en su tramitación. Si realmente existe un consenso transversal de condena a la violencia, éste debe traducirse en la aprobación de las leyes que permiten materializar esa voluntad y consenso.

Vea texto íntegro del documento y de los proyectos de ley en trámite.

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