La Corte Constitucional Federal alemana rechazó dos demandas constitucionales, deducidas contra una sentencia que condena a dos personas por robar alimentos de un contenedor de basura que estaba cerrado con llave en un supermercado.
La decisión de la Magistratura alemana incide en un proceso penal que condenó a los solicitantes por robo, estableciendo una pena de ocho horas de servicio comunitario y el pago de una multa, ello ya que el tribunal de distrito consideró que la empresa seguía siendo dueña de los alimentos.
Por su parte, la sentencia señala que la valoración judicial de la prueba corresponde a los tribunales especializados, ya que son ellos quienes deben determinar si la sustracción de alimentos de un contenedor de residuos constituye una sustracción de un bien ajeno que fuere punible. Deber decidir, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de los hechos: si debe considerarse que los residuos orgánicos ya no tienen dueño debido a que se ha producido una cesión de derecho, si hubo una oferta de transferencia de propiedad a un tercero o si los residuos seguían siendo propiedad del dueño anterior.
Luego señala que establecer una responsabilidad penal respecto del robo de un contenedor, no supone una violación al principio de proporcionalidad y el principio de ultima ratios. Realmente, depende del legislador definir qué actos pueden considerar como actividad delictiva que puede sancionarse. La Corte Constitucional no puede examinar esta decisión legislativa, para determinar si es la solución más conveniente, razonable, o más justa. El TC tiene como función garantizar que el derecho penal esté materialmente en consonancia con la Constitución. El legislador, que hasta ahora no ha presentado ninguna iniciativa que busque despenalizar el robo de basura, es libre en ese sentido de utilizar el derecho penal para proteger la propiedad entendida desde el ámbito civil, incluso en los casos en que no se percibe un perjuicio económico. En el presente caso, la responsabilidad penal de la conducta imputada a los denunciantes busca proteger el bien jurídico constitucional del derecho de propiedad. Ello, ya que es posible entender que el propietario del alimento deseaba deliberadamente que la empresa de eliminación de residuos los destruyera para evitar cualquier responsabilidad que pudiera derivar del consumo de productos vencidos y en mal estado.
Finalmente, expresa que es irrelevante para el caso si el legislador podría adoptar una legislación especial respecto de la manipulación de los alimentos descartados, en relación con el ejercicio de otros derechos fundamentales u obligaciones del Estado, como la protección del contenido esencial de la vida.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa (alemán) y de la sentencia 2 BvR 1985/19 y 2 BvR 1986/19.
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