La Comisión de Constitución de la Cámara despachó el proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo permitir que el Consejo Directivo del Servicio Electoral (SERVEL) dicte con 45 días de anticipación al plebiscito nacional las normas e instrucciones necesarias para su desarrollo.
La iniciativa agrega una nueva disposición transitoria a la Constitución, que señala que las normas deben ser aprobadas por los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio, facultándose al Consejo Directivo para dictar reglas especiales y diferentes en una serie de materias a fin de garantizar un proceso electoral seguro en el contexto de la crisis sanitaria.
El proyecto detalla las materias sobre las cuales el Consejo del SERVEL puede dictar nuevas normas para regular, por ejemplo, el funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios, el aforo máximo de personas en los locales de votación, el distanciamiento físico, el número de apoderados, los útiles electorales y la obligación de uso de mascarillas.
Uno de los puntos que generó debate en la Comisión fue que el protocolo de carácter general y obligatorio que se tiene que dictar se haga con acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSAL). Dicho texto debe incluir las normas y procedimientos sanitarios que deberán cumplirse por parte de electores, apoderados y funcionarios públicos involucrados, así como también por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren a cargo del resguardo del orden público al interior y exterior de los locales de votación.
Otro de los temas de debate fue la situación de las personas contagiadas por Covid-19 y su derecho a ejercer el voto. El proyecto establece que el Consejo también podrá determinar el número y causales de excusa o exclusión de los vocales de las mesas receptoras de sufragios y miembros de los colegios escrutadores, así como la forma de acreditarlas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud, según criterios establecidos por la autoridad sanitaria. Frente a ello, si bien se plantearon propuestas de votación a distancia o en horarios específicos, no se logró establecer ninguna norma en esta dirección, con lo que la iniciativa fue aprobada en la Comisión en los mismos términos que llegó del Senado.
El ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, señaló que la iniciativa es fruto de un acuerdo político transversal con el fin de poder garantizar la realización del plebiscito de octubre de una manera segura para la ciudadanía.

La iniciativa incorpora una disposición cuadragésima primera transitoria, nueva, a la Constitución, del siguiente tenor: “Cuadragésima primera. El Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar, con a lo menos cuarenta y cinco días de anticipación al plebiscito nacional dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de la República, y mediante acuerdo adoptado por los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio, las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del referido plebiscito nacional, pudiendo fijar reglas especiales y diferentes a las establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del referido artículo 130, en las materias que se indican:

1. La constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras de sufragios;
2. El horario de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios, pudiendo ampliarlo hasta un máximo de doce horas. Asimismo, podrá promover horarios preferentes de votación a diferentes grupos de personas, y establecer el horario de entrega de resultados preliminares desde el exterior; 
3. El número y causales de excusa o exclusión de los vocales de las mesas receptoras de sufragios y miembros de los colegios escrutadores, así como la forma de acreditarlas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud, según criterios establecidos por la autoridad sanitaria, para cumplir con dichas funciones;
4. El aforo máximo de personas al interior de los locales de votación, según lo cual se deberá controlar el acceso a los mismos, así como el distanciamiento de electores tanto dentro como al exterior de dichos locales;
5. La fijación del distanciamiento mínimo necesario entre las mesas receptoras de sufragios, sus urnas y cámaras secretas, así como el distanciamiento entre los vocales de mesa, apoderados y la prensa;
6. La determinación de las características y número de las cámaras secretas por cada mesa receptora de sufragios;
7. La determinación del número máximo de apoderados por cada opción plebiscitada que podrán estar presentes en las actuaciones de las juntas electorales y en las oficinas electorales de los locales de votación, en la votación y escrutinio de las mesas receptoras de sufragios, y por los colegios escrutadores;
8. Los útiles electorales disponibles en las mesas receptoras de sufragios y colegios escrutadores;
9. La regulación del tipo de lápiz para marcar la preferencia en las cédulas electorales y para firmar el padrón electoral de la mesa;
10. La obligación del uso de mascarillas y otros medios de protección sanitaria para electores, y quienes se encuentren al interior de los locales de votación, y
11. La dictación de un protocolo de carácter general y obligatorio, en acuerdo con el Ministerio de Salud, que contenga las normas y procedimientos sanitarios que deban cumplirse, en particular las referidas en los literales d), e), g) y j) precedentes, en las actuaciones que realicen las juntas electorales, delegados de las mismas en los locales de votación y sus asesores, vocales de mesas receptoras de sufragios e integrantes de los colegios escrutadores. Este protocolo será obligatorio, además, para electores, apoderados, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren a cargo del resguardo del orden público al interior y exterior de los locales de votación, así como para todo funcionario público, con independencia del órgano del cual dependa, que desempeñe funciones o cumpla obligaciones de carácter electoral.
     

En ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito a que se refiere el artículo 130, a nivel nacional, regional ni comunal.
El acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral señalado en el inciso primero deberá publicarse en el Diario Oficial y en la página web de dicho servicio, dentro de los dos días siguientes a la fecha de su adopción. El acuerdo señalado será reclamable fundadamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro del plazo de tres días contado desde su publicación. Dicho Tribunal resolverá la reclamación dentro del plazo de diez días contado desde su interposición, y la sentencia no admitirá recurso o acción alguna en su contra.
En los spots a que se refiere el artículo 34 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el Servicio Electoral deberá incluir información respecto a las medidas sanitarias que se tomen en virtud de las normas e instrucciones a que se refiere la presente disposición.
El Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar las normas e instrucciones a que se refieren los incisos anteriores y en los mismos términos ahí establecidos, fijando reglas especiales y diferentes a las establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para los procesos electorales de los años 2020 y 2021, siempre que al momento de dictar el acuerdo al que se alude en el inciso primero se encuentre vigente una alerta sanitaria decretada por la autoridad respectiva.”

Vea texto íntegro del Boletín Nº13672-07.

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