La Moción busca crear la obligación, tanto para los establecimientos educacionales subvencionados como para los particulares pagados, de contar con planes de flexibilización para el pago de mensualidades para aquellas familias que acrediten dificultades económicas. Además, la ley busca establecer las condiciones mínimas del servicio educativo que se presta de manera remota.
El proyecto tiene su fundamento en la actual crisis económica derivada del coronavirus, ya que acorde al INE, las familias chilenas, gastan gran parte del presupuesto del hogar en la educación de sus hijos, por lo que se requiere ayudar a las familias y aliviar el gasto que realizan en educación. Así mismo, dada la heterogeneidad de nuestro sistema educativo, la educación a distancia también ha sido muy disímil, sin existir lineamientos claros respecto al contenido del servicio educativo entregado por los establecimientos. En razón de esto han surgido innumerables reclamos por parte de los apoderados que dicen relación con la calidad del servicio educativo que se entrega de forma telemática y los aranceles que se pagan por este.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca establecer equilibrio entre la comunidad escolar y el sostenedor, para buscar el mejor acuerdo entre las diversas partes sin que alguna tenga que soportar completamente las consecuencias de la pandemia.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en cuenta, en la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro del Boletín Nº 13673-04.
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