Tras darse a conocer cifras de pagos de viáticos al extranjero para integrantes del Senado durante el 2019 a través de una información difundida en televisión, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, comentó que -pese a no tener atribuciones en materia de Transparencia en el caso del Parlamento- la entidad que lidera hizo llegar a representantes del Gobierno y del Poder Legislativo, una serie de recomendaciones que apuntan a mejorar los estándares en materia de transparencia, abordando las asignaciones parlamentarias.
Las sugerencias, agrupadas en un documento titulado “Agenda Nacional de Integridad Pública y Anticorrupción”, forman parte de un paquete de 40 medidas aplicables a ocho grandes áreas, entre ellas el Congreso Nacional. En este caso, la propuesta del CPLT apunta a la necesidad de avanzar en materia de fiscalización de las asignaciones, entre otras recomendaciones: “en el marco de la Agenda de Integridad Pública que propusimos al Gobierno hace algunos meses atrás, señalamos que uno de los temas que debería regularse es todo lo que tiene que ver con asignaciones de los parlamentarios”.
“Entregar la fiscalización o supervigilancia de este tipo de cuestiones a un órgano autónomo, que es lo que hoy no está sucediendo al menos en nuestro Parlamento”, dijo el máximo representante del Consejo.
En la actualidad, el Congreso cuenta con instancias de control que están integradas por parlamentarios o la designación de sus integrantes es definida por los congresistas. “Parece más adecuado que sea un organismo completamente autónomo, que no esté sujeto en su generación a aquellos incumbentes que serán fiscalizados y de eso hay amplia experiencia internacional”, subrayó el titular del CPLT.
Consultado sobre la determinación y asignación de viáticos, el titular de Transparencia especificó que el tema está regulado actualmente por decreto, siendo el Ministerio de Hacienda el que establece vía reglamento cuánto corresponde al funcionario o autoridad dependiendo del cargo y costo de destino al que viaja, lo que no es muy distinto a lo que existe en la experiencia internacional. “Hoy en día eso ya está regulado, la legislación en general para todos los funcionarios públicos y altas autoridades del Estado”, dijo el abogado Jaraquemada.
Asimismo, recordó la relevancia de hacer cumplir las obligaciones establecidas en otras regulaciones como la Ley del Lobby de manera de que se refuerce el control social. Apuntó a la necesidad de “dar cuenta cuál fue el viaje y el destino, qué utilidad tuvo y cuáles fueron los montos involucrados”, ello “para que la gente sepa cuál es el motivo de los viajes y qué finalidad y utilidad para el país y para el Congreso tuvieron”, finalizó Jaraquemada.

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