La moción de los Senadores Bianchi, Goic, Guillier, Huenchumilla y Letelier busca la creación de esta nueva Institucionalidad que dice relación con la situación laboral de los funcionarios públicos, los cuales por sobre lo que exige la ley son mantenidos en su mayoría en calidad de honorario o contrata, sin que ninguna Institución pueda fiscalizar esta situación, estando estos trabajadores totalmente desprotegidos respecto a sus derechos laborales.
En ese sentido, el proyecto expresa que de acuerdo a estimaciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), al menos unos 30 mil trabajadores prestan servicios bajo el régimen de contratos honorarios. Mientras que los trabajadores a contrata bordean los 90 mil, cifra que supera levemente a los casi 88 mil que tienen la categoría de planta en las distintas reparticiones públicas. En estas cifras, señalan que hay una manifiesta y flagrante ilegalidad por parte del Estado en su condición de empleador puesto que el artículo 10 de la ley 18.834 denominada Estatuto Administrativo, establece que el número de funcionarios a contrata de una institución del Estado no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de esta. Resulta claro que en la actualidad este porcentaje está siendo ampliamente superado por parte del Estado.
Asimismo, los autores de la iniciativa aducen que en el contexto de la discusión del Proyecto de Ley de modernización institucional y fortalecimiento de la Dirección del Trabajo Boletín 12.827-13 es que queremos levantar el velo y señalar que los objetivos que noblemente en ellos se ventilan, necesitan ser acompañados por una institucionalidad robusta, capaz de garantizar la fiscalización de todas las relaciones laborales que se generan en el país y no solo entre los privados.
Enseguida, se aduce que la convicción apunta a que sea un organismo autónomo y jerarquizado, y que este se encargue de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo, tanto aquellas que sean regidas por el Código del Trabajo y aquellas que se rijan por las leyes o estatutos que regulan las relaciones y contratos del personal de todos los órganos del Estado.
Así, el objetivo de este proyecto está en proponer la creación de un nuevo órgano de rango constitucional que con funciones semejantes a las que posee en la actualidad, sea el encargado de resguardar las relaciones laborales de todo el país, sin excluir ninguna, ya sea del sector privado o público.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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