En fallos unánimes, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió las demandas presentadas y condenó al Fisco por su responsabilidad, por falta de servicio, en el deceso de dos funcionarios de la Dirección General de Aguas, quienes fallecieron al caer al caudal del río Huemules, durante una inspección que realizaban en las inmediaciones del Glaciar Steffens, Región de Aysén, el 15 de abril de 2012.
Las sentencias sostienen que con los medios probatorios reseñados precedentemente es posible tener por acreditado que el funcionario de la Dirección General de Aguas en la Región de Aysén, Felipe Adrián Herrera Urrutia, el 15 de abril de 2012 -día domingo- cumpliendo órdenes impartidas por su jefe directo Fabián Espinoza, procede en compañía de otro compañero de trabajo Pedro Nahuelcar, a subir a un bote tipo zodiac, que no era de propiedad fiscal, sino de CIEP (Centro Investigación Ecosistemas de la Patagonia), con un motor de 9,9 HP, embarcación que no reunía las condiciones de seguridad para efectuar el cometido, sin chalecos salvavidas, a objeto de cumplir la orden impartida consistente en efectuar labores de aforo en el expediente Sociedad Agrícola y Forestal Milimoyu, cometido funcionario que debía realizarse entre los días 10 a 14 de abril de 2012, de conformidad a los cometidos de servicio N° 192, 193 y 377 de la DGA Región de Aysén; todas irregularidades e incumplimientos de los protocolos de deberes seguridad que ocasionaron que el bote zodiac se volcara en el río Huemules, en el Glaciar Steffens, desapareciendo hasta la fecha, Felipe Herrera Urrutia; hechos y acciones que generan responsabilidad civil de la demandada, por falta de servicio.
Agregan que especialmente si se tiene en cuenta que el Jefe del Servicio, encontrándose presente al momento que las víctimas embarcaron el bote zodiac, incumplimiento su deber de fiscalización y control, nada realizó a fin de paralizar el cometido funcionario, dado primeramente las condiciones climáticas que eran muy desfavorables; además de todas las irregularidades descritas.
En las resoluciones se acogen las demandas de indemnización de perjuicios y se ordena al Estado de Chile a pagar una suma total de $300.000.000, por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.
Vea textos íntegros de las sentencias roles 14.024-2018 y 14.498-2018 de la Corte de Santiago y de primera instancia.
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