Por 138 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, la Cámara aprobó una resolución, que solicita al Presidente de la República considere dotar de mayores facultades a los órganos de la administración que fiscalizan a las autoridades individualizadas en el decreto supremo 1215, del Ministerio del Interior, de 2006, incorporando a ministros, alcaldes y parlamentarios.
En el texto se indica que, actualmente, el procedimiento utilizado para realizar el control de drogas a nivel de la alta dirección pública se encuentra normado en el citado decreto y tiene como finalidad someter a exámenes para pesquisar el consumo de drogas en ciertos funcionarios. A su vez, las sustancias que se controlan se encuentran en el decreto supremo 867 del Ministerio de Justicia, de 2008.
Cabe señalar que deben someterse a estos controles los subsecretarios, jefes superiores de servicio, los jefes de división y directivos superiores, sin embargo, no se consideran dentro de esto a los ministros de estados y otras autoridades relevantes, disposición normativa que solo el Primer Mandatario tiene la atribución para modificar.
Se estima que el compromiso de los gobiernos y las autoridades de los diversos poderes del Estado es fundamental para generar un progreso real, especialmente de aquellas que son las responsables de adoptar las medidas necesarias para generar resultados que sean considerables en el avance de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas, es decir, estos deben garantizar que están en condiciones de detenerlo.
Por ello, se busca adoptar una política intersectorial para compatibilizar el consumo "personal y próximo en el tiempo" y la necesidad de incorporar estándares de probidad y transparencia en la elección de autoridades, para que estas se encuentren en un estado óptimo para ejercer sus atribuciones y cumplir con sus funciones.
La propuesta fue presentada a la Sala por los diputados Hernando, Mellado, Sepúlveda, Jarpa, Flores, Matta, Silber, Hoffmann, González y Castro.
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