En el contexto del Día Mundial del AGUA, Amnistía Internacional hace un llamado para que en Chile se garantice plenamente el derecho al agua potable y al saneamiento, pues el acceso a este recurso tan elemental contribuiría a conseguir un nivel de vida adecuado, el disfrute creciente de la salud física y mental y de condiciones de existencia plenas en todo ser humano, garantías que se establecen en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Amnistía Internacional reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de asegurar la plena vigencia del derecho al agua, aprobar y aplicar marcos reguladores eficaces y que se garantice una participación activa, libre y significativa de las comunidades locales. El hecho que los Estados deleguen a terceros el suministro de agua potable y de servicios de saneamiento, no los exime de sus obligaciones.
Por otra parte, añade, también es deber de los Estados velar para que en las labores extractivas se cuide el recurso hídrico y así se asegure que las comunidades tengan acceso y disponibilidad de agua suficiente. Por lo tanto, respetar las resoluciones y los tratados internacionales sobre el derecho al agua es un imperativo, pues estos proporcionan un fundamento jurídico y son la base para que el derecho a este vital elemento quede reflejado en leyes, políticas públicas y prácticas de los países.
Amnistía Internacional sigue viendo con preocupación que América Latina sea considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan por el medio ambiente, la tierra y los recursos naturales, incluido el agua. Chile no es la excepción, pues ha habido casos de defensores y defensoras de la provincia de Petorca que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por sus actividades a favor de este vital recurso. Ante esta situación, la organización ha solicitado en reiteradas ocasiones que se garantice la seguridad y protección de estas personas.
Por último, el organismo arguye que si el Estado de Chile quiere mostrar con hechos su compromiso con el derecho al agua debería empezar a asumir sus obligaciones internacionales. A la espera está la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, instancia internacional que permitiría resolver aquellas vulneraciones de derechos que no consigan respuesta al interior del país. Por otra parte, el Acuerdo de Escazú, tratado que- entre otros resguardos- daría mayor participación y protección a defensores y defensoras del medio ambiente, no fue firmado por el Estado de Chile. Las autoridades deben comprender la relevancia que tiene para la humanidad avanzar en la preservación del medio ambiente y del agua, pues son derechos tan básicos y elementales que, al ser debidamente garantizados, contribuirían al ejercicio y goce de todos los demás derechos humanos.

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