Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la cooperación de México con el EPU y su aceptación de la mayoría de las recomendaciones formuladas por otros Estados, entre las que hay recomendaciones sobre algunos de los problemas más acuciantes del país, como la situación de defensores de los derechos humanos y periodistas, los derechos humanos de las mujeres y las niñas y los numerosos casos de desaparición.
El organismo asegura que defensores de los derechos humanos y periodistas corren grave peligro de ser víctimas de ataques y acoso en México, y la mayoría de las agresiones que sufren quedan impunes. En lo que va de 2019 han muerto víctimas de homicidio seis personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a aplicar plenamente y sin demora las recomendaciones que se les han formulado a este respecto, y que incluyen tomar todas las medidas necesarias para evitar más ataques y poner fin a la impunidad de estos delitos.
De acuerdo al organismo, las mujeres y las niñas siguen en peligro de sufrir violencia de género, con un alarmante número de homicidios por motivos de género, y sus derechos no se respetan ni se hacen realidad y no se protegen adecuadamente. El “mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres” (AVGM), establecido en 2007 por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para abordar y erradicar los feminicidios y otras formas de violencia, necesita una profunda reforma para poder conseguir sus objetivos, incluida la actuación eficaz y coordinada a nivel federal, estatal y municipal, así como plazos concretos para las diferentes etapas del proceso a fin de evitar retrasos injustificados en su activación. Amnistía Internacional pide a México que examine y modifique el procedimiento y las normas del mecanismo, en consulta plena con la sociedad civil.
Así, Amnistía Internacional acoge con satisfacción que México se haya comprometido a abordar la actual crisis de desapariciones forzadas, incluidas las desapariciones perpetradas por agentes no estatales. Cualquier actuación sustantiva sobre esta difícil situación debe incluir un registro de detenciones a nivel nacional, de conformidad con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. La organización pide a México que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y estudiar comunicaciones individuales, a fin de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional reconoce la importancia de este examen para abordar problemas fundamentales del país en materia de derechos humanos y anima a México a crear un mecanismo para involucrarse plenamente con las víctimas de violaciones de estos derechos y con la sociedad civil en la aplicación de las recomendaciones del EPU.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del examen periódico universal de México el 14 de marzo de 2019, en su 40 periodo de sesiones. Antes de la aprobación del informe del examen, Amnistía Internacional presentó oralmente esta declaración.
La organización también contribuyó a los datos que sirvieron de base al examen presentando esta información sobre México.

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