El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia a pagar 10 millones de euros como medida de reparación por la deportación masiva de unos 1500 ciudadanos georgianos en 2006 y 2007, como represalia por el encarcelamiento en Georgia de cuatro militares rusos acusados de espionaje.
Cabe recordar que, si bien los cuatro oficiales fueron liberados a los pocos días, ello no detuvo la medida ordenada por el presidente Vladímir Putin. Se supone que la idea era expulsar a inmigrantes ilegales procedentes de Georgia, pero tuvieron también que abandonar Rusia de forma forzada personas que tenían permisos de residencia en regla. La medida afectó incluso a niños y a muchos intelectuales georgianos que llevaban años viviendo en Rusia. La Policía rusa les detenía y, hasta que eran conminados a tomar el vuelo de regreso a su país, los georgianos eran confinados en centros de detención. Se llegó a producir la muerte de un hombre enfermo mientras esperaba su deportación.
En su sentencia, el Tribunal europeo recordó que en el año 2014 sentenció que una política coordinada de arrestos, detenciones y expulsiones de ciudadanos georgianos fue ejecutada en la Federación Rusa y consideró que constituyó una práctica administrativa para los propósitos de la Convención. Por ello, concluyó que se violó el artículo 4 del Protocolo N° 4, relativo a la expulsión colectiva de extranjeros, y el artículo 5 sección 1 y 4, el artículo 3, y el artículo 13 en relación con el artículo 5 sección 1 y con el artículo 3, todos de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de la tortura y las detenciones ilegales.
El fallo indicó que, en cuanto a las reparaciones, corresponde que el gobierno ruso pague la suma de 10 millones de euros por los daños no patrimoniales sufridos por un grupo de al menos 1500 ciudadanos georgianos. Consideró que el monto a pagar debe ser distribuido por el gobierno a las víctimas individuales identificadas en la sentencia de 2014, con 2000 euros a pagar para cada ciudadano georgiano que fue deportado, y un monto entre 10000 y 15000 euros a pagar para cada ciudadano georgiano que también fue víctima de detención ilegal antes de su deportación.
Vea texto íntegro de la sentencia.
RELACIONADO