La moción de los diputados Cid, Desbordes, Longton, Luck, Olivera y Rey expone que el decreto supremo 1215 del 2016 establece que deberán someterse a un control de consumo de sustancias estupefacientes o drogas los funcionarios “hasta el grado de jefe de división o su equivalente”. En cambio, los cargos superiores solo deben “presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a esa causal de inhabilidad”. Así, estima que las autoridades de la administración pública deben dar una señal fuerte y decidida que demuestre fehacientemente que no se encuentran insertos en el consumo de drogas, lo que los convierte en personas plenamente vulnerables, que indudablemente afecta su independencia, y genera, aunque sea involuntariamente, un fuerte conflicto de intereses.
Los diputados señalan que toda persona que desempeñe una función pública, tiene en sus manos, una responsabilidad mayor que el ciudadano común puesto que, por las funciones que se le ha encomendado, tienen la obligación de garantizar que se aplique, sin presiones ni condicionantes ajenas a su voluntad y conciencia, la legalidad vigente. Asimismo, de acuerdo a la legislación comparada, en Estados Unidos se somete a este tipo de test a todos los empleados federales, pero en Chile quienes están en los altos cargos de la administración pública solo necesitan firmar una declaración jurada para eximirse de todo control.
Por lo anterior, el proyecto busca proteger la función del legislador para que este no se vea influenciado por factores externos, como lo sería por ejemplo la presión que podrían ejercer sobre él los traficantes, y también busca proteger a la sociedad de factores negativos externos que conculquen la libertad de sus representantes para legislar. En definitiva, es preciso que quien quiera ser autoridad de la administración pública, deba realizarse exámenes toxicológicos que comprueben su no dependencia de las drogas con el fin que, quienes lleguen a ocupar estos cargos, sean los que la sociedad chilena merece.
En razón de lo expuesto, la moción modifica la Constitución Política, incorporando un nuevo artículo 61 bis que dispone:
“Cesará en el cargo, Ministros, Diputados y Senadores, Intendentes, Gobernadores y autoridades de los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, las autoridades Municipales y las empresas públicas creadas por ley, aquellos que tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.
Para asumir algún cargo de administración pública, el interesado deberá someterse al control de drogas realizado por el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación de drogas y alcohol, el cual acreditará que no se encuentra afecto a esta causal de cesación.
Dicho control deberá ser realizado al menos una vez al año, durante la duración del cargo”.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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