Una serie de demoras en el cumplimiento del Plan Estratégico Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres 2015-2018, detectó la Contraloría General de la República, al fiscalizar las acciones puestas en marcha, al 30 de noviembre pasado, por las instituciones públicas responsables del tema.
Estas son la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), las Intendencias Regionales, la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).
De acuerdo a la CGR, algunos de los principales hallazgos fueron que existen medidas sin avances ni planificación y falta de coordinación entre las instituciones preventivas.
La Contraloría considera de suma importancia contar con un plan nacional para abordar los desastres, que suele enfrentar emergencias naturales como sismos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, aluviones, sequía, tormentas e inundaciones, entre otros.
Se constató que la ONEMI no presenta progresos en cinco iniciativas y que otras 10 tienen un desarrollo parcial. Está pendiente el plan de variables de riesgo a realizar en 2018 en el 20 por ciento de las regiones, considerando la participación ciudadana; y la programación en las oficinas regionales de talleres para gestionar los planes y cumplir con su elaboración.
También se verificó falta de coordinación de las intendencias con la ONEMI y los gobiernos regionales. Igualmente, la Conaf, la Dirección General de Aguas y el Servicio Nacional de Geología y Minería no han cumplido con un programa de desarrollo interno.
La Subsecretaría del Medio Ambiente, en tanto, tendrá que informar el trabajo que efectuará para incorporar criterios que identifiquen y ponderen los riesgos de desastres y su reducción al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y crear una metodología.
La Contraloría requirió que en 60 días estos servicios públicos hagan las modificaciones y se subsanen las falencias detectadas.
Mediante esta auditoría la Contraloría contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 Paz Justicia e Instituciones Sólidas, 13 Acción por el Clima, y 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, que forman parte de la Agenda de Naciones Unidas para combatir la pobreza y cuidar el planeta.