La moción de los diputados Baltolu, Barros, Carter, Fuenzalida, Hoffmann, Kort, Macaya, Noman, Trisotti y Van Rysselberghe expone que se estima que el Ministerio de Educación implementará el nuevo sistema de admisión aleatorio –que en 2019 funcionará en todos los colegios municipales y particulares subvencionados del país–, y en donde algunos establecimientos que tienen más demanda que vacantes continúan asignando sus cupos por orden de llegada –lo que a veces provoca filas– o por tómbola. En este sentido, se considera que soluciones como ésta introducirán elementos demenciales en las relaciones escolares, así por ejemplo que a partir de la nula existencia de criterios en la admisión de estudiantes no se considere aspectos como el género. Es así que, de aplicar este criterio, la mayoría de los alumnos puede ser hombre y una minúscula parte mujer, o vice versa, hecho que a la larga también es inequitativo. Por otro lado este sistema de selección dificulta la plena aplicación del derecho que tienen los padres de proveer la mejor educación para sus hijos, mediante la libertad de elección, situación que se torna ilegal e inconstitucional. Asimismo, el propio proyecto de ley, actualmente en tramitación, que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez promueve expresamente el “derecho y deber preferente de los padres y/o madres a orientar y educar a sus hijos. La responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, formación y educación, así como la guía y orientación en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, corresponde preferentemente a los padres y/o madres del niño, sus representantes legales o a quien lo tenga legalmente a su cuidado.”
A continuación, los autores indican que la orientación de nuestra institucionalidad en materia educacional, como asimismo de nuestro ordenamiento jurídico, es a la consagración de un derecho de carácter preferente y anterior al estado y sus normas regulatorias en la materia, consistente en facultar y mandatar a los padres para el desarrollo educacional y moral de sus hijos, cuestión que sin dudas, promovemos en este proyecto y que por cierto, resulta inconsistente con el sistema de tómbola actualmente vigente en nuestra legislación. Así, la consagración de medidas que apunten a elementos ajenos al mérito y al esfuerzo constituye un nefasto precedentes con las correspondientes consecuencias funestas no sólo en materia educacional sino que además como elemento de política pública resulta inconsistente con el esfuerzos que debe desplegar nuestro aparato público, la mejor inversión y política pública es confiar en el trabajo, empeño y esfuerzo de los ciudadanos y bajo este parámetro la tómbola nos conduce en sentido opuesto, toda vez que llama a pensar bajo la lógica de que no es necesario confiar en nuestras aptitudes y esfuerzos, sino más bien confiar en nuestra suerte.
En razón de lo expuesto, la moción modifica la Ley 20.370, General de Educación, reemplazando el artículo 12 por el siguiente:
“En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, en ningún caso se considerarán criterios arbitrarios o aleatorios, ni requisitos de presentación de antecedentes socio-económicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados.
Tales procedimientos se realizarán por medio de un sistema que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos”.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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