En una reciente publicación se da a conocer el estudio “Asignación de recursos a regiones: una mirada al presupuesto 2018”.
En el documento se recuerda que todos los años en la Ley de Presupuestos se fija el marco de recursos para los Gobiernos regionales, señalando que este básicamente está compuesto por recursos de inversión, los que cada región debe asignar a los distintos proyectos que postulan a financiamiento.
A continuación se sostiene que dado que estamos ad portas de contar con autoridades regionales electas, cobra más relevancia aún el marco institucional en el cual se canalizan estos recursos desde el Gobierno central a las regiones.
Luego se detalla que para el año 2018, el proyecto enviado al Congreso entrega a los Gobiernos regionales del orden de $ 1.260 miles de millones. De estos recursos, el 81% son distribuidos entre regiones por medio de la Ley de Presupuestos, es decir, forman parte del presupuesto de inversión de los Gobiernos regionales. El 19% restante será distribuido a regiones durante el año 2018 y, por ende, la cantidad total de recursos con la que contará cada región, recién se conocerá a fines del próximo año.
Enseguida el texto advierte que durante los últimos 20 años se han ido creando diversos programas y fondos que canalizan recursos desde el Gobierno central a las regiones y un análisis detallado de los mismos permite afirmar que en buena medida éstos se han ido creando sin una mirada integral, sino más bien con una óptica parcial de determinados sectores como consecuencia de contingencias específicas.

Fondos y recursos distribuidos en la Ley de Presupuestos

Se explica que los Gobiernos regionales cuentan con distintas fuentes de recursos, estos son, impuestos o patentes, fondos y programas. Los ingresos propios están constituidos por aquellos establecidos en distintos cuerpos legales, como lo son la ley de patentes de agua, patentes de casino, de geotermia, venta de bienes nacionales, etc. Estos ingresos están definidos por ley y la autoridad central no tiene injerencia en su distribución entre regiones. En términos agregados el 8% de los recursos de inversión corresponden a este tipo de ingresos.
El principal y más antiguo de los fondos, expone el texto, corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este fue creado a fines de los 70, cuando se inició el proceso regionalización en el país. En sus inicios, este fondo correspondía prácticamente a la totalidad de los recursos para inversión canalizados desde el gobierno central. Hoy, este fondo representa el 36% del total de recursos de inversión de los gobiernos regionales para el próximo año, siendo el principal fondo de libre disposición. Su distribución regional depende de un polinomio que considera la población en condiciones de vulnerabilidad social y las características territoriales de cada región. Cada dos años se deben actualizar los parámetros utilizados para su distribución, los cuales la ley establece que deben fijarse vía decreto supremo. Para el año 2018 corresponde actualizar estos parámetros.
El segundo fondo más importante para las regiones es, dice el  documento, el Fondo de Apoyo Regional, que corresponde a lo que se llamó inicialmente el “Fondo Espejo del Transantiago” y que fue creado por ley el año 2009. La distribución regional de este fondo se realiza sobre la base de los parámetros del FNDR. Al igual que en el caso del FNDR, al no conocerse los parámetros, tampoco se tiene mayor detalle de los criterios bajo los cuales se asigna este fondo.
Por su parte, el Fondo de Inversión y Reconversión Regional fue creado el año 2011 como consecuencia de un nuevo cambio a la legislación minera, creando un impuesto especial para ese sector. El reglamento que lo regula establece los criterios sobre la base de los cuales se debe distribuir lo recaudado, los cuales se fundamentan en el polinomio del FNDR.
El documento asevera que estos tres fondos, que representen casi el 60% del total de recursos de los Gobiernos regionales, se distribuyen entre regiones sobe la base de un polinomio -el del FNDR cuyo detalle de cálculo no se conoce.
Asimismo, se da a conocer el Programa de Convergencia, el más reciente de los fondos creados para canalizar recursos a los Gobiernos regionales, que representa el 8% del total de los recursos. Este programa fue creado el año 2015 y desde entonces se han ido agregando más regiones receptoras de recursos. No se conoce reglamento o bien documento que determine los criterios de asignación de los fondos a este programa entre regiones, así como tampoco los criterios para definir la cobertura regional de los mismos.
También, se añade, que existe el Fondo de Innovación y Competitividad que nace el año 2006 a partir de la creación del royalty a la minería. Una parte de estos recursos se canaliza a regiones por medio de este fondo. No se conoce el polinomio en base al cual se realiza la distribución regional de estos recursos. Así, entre los años 2017 y 2018 cambió la participación de cada región en el total de los recursos asignados, pero no se tiene información a qué se deben esos cambios.
Y, el Fondo de Infraestructura Educacional, que se distribuye entre regiones sin que se conozcan los criterios para ello. Cada año la cantidad de recursos que se transfieren a cada región en el marco de este programa varía sin mayor explicación. De acuerdo a la finalidad de los recursos -en términos amplios, inversión en infraestructura educacional y parvularia- se esperaría que la distribución entre regiones dependa de situaciones de déficit, pero no se cuenta con antecedentes que lo respalden. Una vez más, la falta de información dificulta la evaluación del impacto de este fondo y permite espacios de discrecionalidad por parte de la autoridad central en la asignación de recursos entre regiones.
Por todo lo dicho, se arguye que en un proceso de descentralización es de suma importancia contar con reglas claras y transparentes a la hora de asignar recursos a regiones. Ello es necesario en nuestra actual institucionalidad, pero se vuelve más importante aún con autoridades regionales electas.
Y, se plantea, que el Gobierno central al contar con importantes espacios de discrecionalidad en la asignación de recursos, espacios que generarán tensiones al momento de contar con autoridades electas y de coaliciones políticas distintas a la del Gobierno central.
Finalmente, se sugiere revisar los distintos fondos regionales con una mirada integral en materia de financiamiento de las inversiones, con la finalidad de tener objetivos claros y específicos que permitan una evaluación y rendición de cuenta de la gestión que llevan adelante. Fuente: www.lyd.cl

Vea texto íntegro de la publicación

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