La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 162 Período Extraordinario de Sesiones en Buenos Aires, del 22 al 27 de mayo de 2017.
Cabe señalar que se realizaron 18 audiencias públicas sobre situaciones de derechos humanos en Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y situaciones regionales que afectan al Cono Sur.
La CIDH presenta reseñas de las audiencias en el orden cronológico en el que fueron realizadas. 

Específicamente los temas que se debatieron en Chile son:

Derechos humanos de las personas trans en Chile

La parte solicitante de la audiencia sobre Derechos humanos de las personas trans en Chile manifestó que las personas trans en Chile se han visto obligadas a recurrir a un procedimiento de cambio de nombre civil que no se promulgó con el objeto de reconocer la identidad de género de las personas trans sino de corregir problemas de registro, con lo cual el procedimiento está judicializado. Puntualizaron que los tribunales han establecido estándares de prueba como requerir la presentación de informes psicológicos, psiquiátricos o médicos, lo cual patologiza el proceso de cambio de nombre.
Por su parte, el Estado de Chile indicó que ha elaborado políticas de asistencia técnica y que en los programas educativos está abordada la educación sexual, incluyendo orientaciones para los educadores y las educadoras.
La CIDH destacó la importancia de que los Estados adopten acciones afirmativas para garantizar el acceso al mercado laboral de las personas trans y se interesó por la promulgación de la ley sobre identidad de género. Asimismo, la CIDH expresó interés en conocer con mayor profundidad las implicaciones que tiene el procedimiento judicial de cambio de nombre y las implicancias que puede tener esto en el derecho a la privacidad.

Derechos sexuales y reproductivos en Chile

La parte solicitante presentó información sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en Chile para acceder al goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos. Las organizaciones destacaron que Chile es uno de los contados países del planeta donde el aborto está criminalizado aún en los casos en que está en riesgo la vida de la mujer, cuando los embarazos son resultado de una violación sexual, y cuando el feto tiene malformaciones que hacen inviable la vida fuera del útero.
Por su parte, las representantes del Estado admitieron que “no corresponde al Estado decidir por las mujeres” y que las mujeres no deben vivir bajo la amenaza de una sanción penal.
Luego,  la Comisión manifestó su preocupación por el tiempo que ha tomado el trámite para la aprobación del proyecto de ley, recordando que la actual presidenta, Michelle Bachelet, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y que su mandato está por concluir.
La CIDH señala que en los países de la región existen barreras para el acceso a educación sexual de calidad y a métodos de planificación familiar necesarios. También indica que las leyes son restrictivas e impiden el acceso a servicios de salud reproductiva, fundamentales para que las mujeres puedan tomar decisiones autónomas y libres sobre su vida reproductiva y familiar. 

Sistema nacional de protección de la niñez en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil plantearon que en Chile no existe una ley de garantía integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que el proyecto de ley actualmente en discusión no mejora la situación dado que carece de presupuesto asignado y no determina en forma clara las obligaciones de los distintos ministerios.
Por su parte, el Estado de Chile reconoció que existe una gran deficiencia institucional en materia de protección a la niñez, motivo por el cual el actual gobierno ha adoptado una agenda robusta y transformadora para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Enseguida, la Relatora sobre los Derechos de la Niñez manifestó su preocupación respecto a la falta de una ley que establezca una protección integral de la niñez y la adolescencia en Chile, siendo este uno de los dos países de América Latina que aún no cuenta con una ley al respecto. Destacó además la importancia de adoptar una institucionalidad articulada que permita una protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Vea texto íntegro del comunicado

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