Un protocolo de acuerdo que permitirá concretar en un texto legal un mecanismo específico de reajuste de las remuneraciones para altas autoridades, incluidas las dietas parlamentarias, suscribieron el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con los Presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, en una ceremonia realizada en el ex Congreso.
La propuesta es el resultado de una comisión técnica integrada por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, creada a partir del protocolo acordado en septiembre de 2015 en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre Reajuste del Sector Público.
El Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, destacó que este protocolo de acuerdo "establece el mecanismo que vamos a implementar y regular a través de proyecto sobre dietas de la alta administración del Estado -incluyendo a los parlamentarios- y sacarlo de la esfera de que nosotros nos pronunciemos sobre nuestras propias remuneraciones".
Asimismo, expresó que el protocolo "aborda temas en los cuales se ha avanzado pero tienen que perfeccionarse":
a) "Dedicación exclusiva a la hora de abocarse a legislar y no tener otras actividades remuneradas o comerciales. Aquí hay avances pero tiene que haber definiciones más claras".
b) "Perfeccionar el mecanismo respecto al deber de abstención sobre determinadas maneras. "Hay disposiciones de carácter general pero dada las experiencias pasadas se debe tener sintonía más fina".
c) "Aplicación de multas por inasistencias injustificadas a una de las Cámaras. Hay que avanzar para sancionar a quienes no concurran a sus labores".
Cabe recordar que la propuesta incluye tramitar un proyecto de ley para crear un Consejo Asesor de tres miembros- que hayan ejercido como consejeros del Banco Central, Contralor, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, o Director Nacional del Servicio Civil- que propondrá al Presidente de la República el reajuste de las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero de las altas autoridades del Estado, incluidos los parlamentarios. El monto sugerido no podrá ser superior al reajuste general de remuneraciones del sector público y el Presidente de la República no podrá determinar un reajuste mayor al presentado por el Consejo.
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