La Cámara de Diputados aprobó –por 64 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones- la resolución 448 que solicita a la Presidenta de la República modificar la Ley 20.000, en el sentido de asignar la responsabilidad de cautelar la droga incautada hasta tu total destrucción a las policías y no a la autoridad de redes asistenciales.

Al efecto, los autores de la iniciativa expresan que en octubre del presente año se comenzó a investigar a todos los servicios de salud del país por irregularidades en la destrucción de la droga incautada. Resaltaron que, en el caso de Antofagasta, se detectó que esta droga que estaba físicamente en las bodegas, aparecía como destruida en los papeles correspondientes.

A lo anterior, agregan que, de los 29 servicios de salud del país, muchos de ellos tienen irregularidades en la forma o gestión en la destrucción de droga incautada y que según el Plan Estratégico 2009-2015, de la Fiscalía de Chile, el año 2013, se precedió a definir lo que sería la Política de Persecución al Tráfico Ilícito de Drogas, para dicho periodo, estableciendo tres ejes fundamentales: Autonomía, integralidad y profundidad.

Sin embargo, se indica que no se considera a los funcionarios del Servicio de Salud quienes por ley se encuentran encargados de la custodia y toda la cadena de resguardo sobre el material incautado desde que las policías hacen entrega de ellas hasta que ésta es destruida, tarea para la cual están desprotegidos.

Así, concluyen expresando que no cuentan, por ejemplo, con chalecos o cascos antibalas, sumado a la nula capacitación de seguridad y defensa puesto que comúnmente las drogas incautadas son de carteles internacionales o bandas organizadas que procuran siempre su recuperación, tareas para las que, sin duda, el personal de salud no está preparado.

Proyecto de Resolución Nº 448.

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