En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución presentados por los diputados Letelier, Poblete, Cariola, Ceroni, Arriagada, Hernando, Gutiérrez, Cicardini, Campos y Castro. La primera de las iniciativas, proyecto de resolución N° 274, aprobada –con 51 votos a favor, 32 en contra y 9 abstenciones- emplaza a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a que en lo venidero “se elimine o congele el reajuste anual real proporcionado al sector público, para militares o civiles condenados por violaciones a los derechos humanos, que reciban jubilaciones o pensiones con fondos públicos”.
Al respecto, los legisladores explicaron que la iniciativa intenta “reforzar este repudio, al no hacer extensivo a los condenados a violaciones a los derechos humanos los reajustes que anualmente se hacen al sector público y que pueden favorecer a estas personas en la medida en que se reciban remuneraciones o pensiones financiadas con dineros públicos».
La segunda propuesta, proyecto de resolución N° 275, aprobada –con 59 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones- solicita del Ejecutivo «patrocinar un proyecto de ley que establezca sanciones para civiles y militares que, bajo cualquier circunstancia o régimen, cometan violaciones a los derechos humanos, con penas accesorias de degradación a la pérdida de todos los beneficios».
Para este segundo proyecto de resolución los parlamentarios adujeron que «resulta plenamente válido incluir como pena accesoria respecto de conductas que constituyan delitos de guerra y lesa humanidad, la degradación de los militares implicados, esto es, su expulsión de la membrecía a la institución».
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