Por 28 votos a favor y una abstención en el Senado, y por 83 votos a favor y 1 abstención en la Cámara de Diputados, se despachó el proyecto de acuerdo que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares del Senado, con segundo informe de la Comisión de Ética y Transparencia.
Al efecto, cabe recordar que la propia ley reconoce la necesidad de ajustar normativamente sus exigencias, en función de la naturaleza de las entidades a las que pertenecen los sujetos pasivos y a las funciones que cada uno de ellos realice, haciendo un llamado a la autoregulación. En el caso del Congreso Nacional, hace recaer una parte central de esta responsabilidad en las respectivas Comisiones de Ética y Trasparencia, a las que asigna competencias que se suman a las ya atribuidas por otros mandatos legales y reglamentarios.
En ese sentido, los senadores hicieron presente al Ejecutivo una serie de inquietudes en cuanto a la efectividad de la norma, la falta de una capacitación adecuada de los funcionarios y la falta de la obligación de constituir un registro de lobistas, entre otras materias. Por estas razones, el Ejecutivo acogió las observaciones y se abrió a estudiar fórmulas que permitan subsanar algunos aspectos.
Finalmente, la Ministra Ximena Rincón junto con acoger las inquietudes planteadas sobre los efectos que tendría el nuevo Reglamento en la labor representativa de los senadores anunció la posibilidad de explorar diversas fórmulas para superar estos aspectos, y se comprometió a hacer las consultas sobre incluso diferir la entrada en vigencia, «existe la facultad según estamento o reparticiones y ya lo estamos haciendo con la Cancillería»,
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