A propósito de las declaraciones realizadas por la vocera de la Corte Suprema, Ana Chevesich, en torno a la labor realizada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en el caso Sename, y que –entre otras cosas- determinó la responsabilidad política del Ministro Héctor Carreño, anunciando presentar una acusación constitucional, por no haber entregado oportunamente la información a los jueces de familia.
Cabe recordar que, frente a lo anterior, la vocera del máximo Tribunal manifestó que “la honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso del Poder Judicial», actuando de manera inconstitucional al declarar anticipadamente la responsabilidad política del ministro Carreño, «sin seguir el procedimiento por la carta política».
En este sentido, los integrantes de la aludida instancia, defendieron su postura, argumentando que “la Cámara no se ha excedido en el uso de sus atribuciones y los argumentos jurídicos que avalan nuestro proceder serán expuestos, en su debida oportunidad, al presentarse la acusación constitucional contra el Ministro Carreño”.
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