La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado de Colombia vulneró los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente en el caso de las Comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia.
El libelo se funda en la responsabilidad internacional del Estado de Colombia, en el marco de una operación militar llamada “Génesis” que se llevó a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 destinada a capturar y/o destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC, en el contexto de la cual grupos paramilitares emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a lo largo del río Cacarica, pasando varias comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde desarrollaron operaciones conjuntas con el Ejército, resultado de lo cual ejecutaron a una persona y desplazaron a varios centenares de pobladores de la cuenca del río Cacarica, los cuales se vieron sometidos a condiciones de vida caracterizadas por la falta de atención por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad.
En su fallo, la CIDH destacó que estas acciones del Estado implican un incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente (contenido en el derecho de circulación y residencia), reconocidos en los artículos 5.1 y 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro parte, el Tribunal internacional determinó que el Estado incumplió sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro, en perjuicio de las comunidades del Cacarica que estuvieron en situación de desplazamiento forzado durante un período de tres a cuatro años.
Así, la Corte IDH concluyó que el Estado es responsable por la violación al derecho a la propiedad colectiva protegido por el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, con respecto a la desposesión ilegal del territorio de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica.
Como medidas de reparación, la Corte Interamericana dispuso, entre otras, que el Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los hechos del presente caso; brindar el tratamiento adecuado y prioritario que requieran las víctimas en el marco de los programas de reparaciones previstos en la normatividad interna; restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica; y garantizar que las condiciones de los territorios que se restituyan a las víctimas del presente caso, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la seguridad y vida digna.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte IDH.
RELACIONADOS