En el marco de las diversas propuestas constitucionales de los candidatos presidenciales, el Instituto Libertad y Desarrollo se pronunció sobre la formula defendida por el equipo que asesora a Michelle Bachelet. Al efecto, sostuvo que las asambleas constituyentes surgen como una necesidad de una comunidad política de reconstituirse en casos graves. Es lo que ha pasado en África y Asia en las últimas dos décadas de experiencias de procesos constituyentes: salir de una dictadura a un régimen democrático o salir de una guerra civil o externa hacia la paz y la democracia2. Sin embargo, en nuestra región -y a diferencia del caso colombiano a comienzos de los 90’s para salir de una crisis institucional masiva-, se ha redefinido el sentido de las asambleas constituyentes, pasando a ser un vehículo más de la controversia política. En efecto, se han utilizado como mecanismos de amplificación de poder de la mayoría de turno, a un grupo de políticos que, sin control o contrapeso alguno, han buscado avanzar en regímenes autoritarios. ¿Es este el camino que se propone para Chile desde el comando de Michelle Bachelet? Nuevamente ha sido la voz del abogado Fernando Atria la única que ha hablado desde la comisión constitucional de Bachelet. En una serie de apariciones mediáticas de los últimos ideas y foros, ha planteado que la Asamblea Constituyente es posible de implementar mediante la dictación de un decreto por parte de un futuro Presidente –Bachelet- que convoca a plebiscito que, a pesar de ser inconstitucional por no ser uno de los contemplados en la Constitución, no sería controlado por el Tribunal Constitucional (TC), dado que, dicho control sólo puede ser requerido por alguna de las cámaras del Congreso por mayoría, lo que no ocurriría si tal Presidente –Bachelet- cuenta con ellas en ambas cámaras (interpretación formalista del artículo 93, inciso primero, N° 5 de la Constitución, en conexión con el inciso octavo de la misma norma). A juicio del think tank, se trata así de una propuesta que es tanto un resquicio -porque busca conseguir mediante una interpretación literal y aislada una norma que lleva a un fin ilegítimo no tolerado por la Constitución- como una mala estrategia legal en la medida en que, como ha quedado meridianamente claro por parte de los argumentos que han entregado diversos constitucionalistas de forma transversal, existen otros mecanismos para controlar ese decreto inconstitucional. Luego, en torno a lo que LyD denomina Asambleas constituyentes, legitimidad y “golpes blancos”, sostiene que la experiencia a nivel regional de asambleas constituyentes, demuestran justamente lo contrario: esgrimiendo la representación de una amplia mayoría, solo ha significado una transferencia de poder hacia un grupo político determinado, esto es, verdaderos “golpes blancos” funcionales a los intereses de la autoridad de turno, los cuales han provocado intensas coyunturas de polarización social y política, en desmedro de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que se decía promover Por ello, el Instituto Libertad y Desarrollo concluye que propuesta del asesor constitucional de Bachelet no sólo es una alternativa de ruptura institucional, sino que el retorno a gobernar por la vía de los resquicios legales. En un documento anterior hemos propuesto como alternativa seguir avanzando en el camino de reformas incrementales y acumulativas, que no es otro, que el camino de consensos constitucionales que ha construido Chile en los últimos 20 años.
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