El amparado consideró que tal obrar era arbitrario e ilegal, en la medida que ha acreditado no ser el representante legal de la empresa deudora y que ha solicitado el alzamiento de la orden de arresto en reiteradas ocasiones, a lo cual la recurrida se ha negado señalando que no es parte en la causa, infringiéndose sus derechos al debido proceso y a la libertad personal, además de la proscripción de la prisión por deudas contenida en el Pacto de San José de Costa Rica.
Informando el libelo, la recurrida solicitó su rechazo, tras dar cuenta de existir un proceso de cobro en el cual el amparado interpuso una excepción de falta de legitimación pasiva, que rechazó fundándose en un certificado acompañado por la ejecutante. Agrega que posteriormente el recurrente consignó parte de la deuda y se dejó sin efecto el arresto, que posteriormente se renovó tras reliquidarse el crédito.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la acción constitucional, pero la Corte Suprema revocó la sentencia en alzada.
En su fallo, el máximo Tribunal declaró que consta de la inscripción de la modificación social respectiva “que el amparado dejó de ser socio y representante legal de la ejecutada con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda”, lo cual “torna improcedente el arresto decretado en su contra en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 17.322, afectándose de manera ilegítima la libertad personal del recurrente”.

Ver texto íntegro de la sentencia.

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