La moción de los senadores Chahuán, Escalona y Muñoz, expone que la educación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo personal e intelectual de una persona, encontrándose regulado –con el fin de asegurar su acceso- en nuestra Carta Fundamental y las distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico.
Observa luego que en el caso de la educación superior, coexisten planteles estatales, privados con aporte estatal directo y privado, “estableciéndose un conjunto de ayudas estudiantiles, a través de créditos y becas que permitan masificar las condiciones de ingreso”. Sin embargo, en los últimos años, estos modelos han sido abiertamente cuestionados a través de las innumerables movilizaciones estudiantiles que “demandan un acceso universal y gratuito a la educación superior”, sumado a las críticas por la baja calidad de la educación proporcionada por algunos planteles.
Por otra parte, la iniciativa señala que a pesar de existir un procedimiento de aseguramiento de la calidad a través de la acreditación institucional, este mecanismo ha sido objeto de públicas denuncias por diversos hechos ilícitos, lo que evidentemente ha desprestigiado su función.
En este contexto, el actual Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha señalado que el grave problema que afecta algunas casas de estudio y al no poder ser solucionado por la entidad acreditadora, “debe ser derivado a los organismos reguladores de las relaciones de consumo”, pero a juicio de los autores del proyecto de ley y por tratarse de un “derecho básico de primera importancia”, este problema debe ser asumido por el Estado.
Por estas razones, y con el objeto de proporcionar alguna alternativa para este conflicto, la moción propone la creación de un sistema de administración provisional de entidades de educación superior, similar al que contempla la Ley N° 20.529, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica, media y sus fiscalización; en los establecimientos educacionales subvencionados que presenten irregularidades y que pongan en riesgo su continuidad.
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Similar al existente para los establecimientos educacionales subvencionados.
Moción propone establecer sistema de administración provisional para casas de educación superior que presenten graves irregularidades.
el grave problema que afecta algunas casas de estudio y al no poder ser solucionado por la entidad acreditadora, “debe ser derivado a los organismos reguladores de las relaciones de consumo”, pero a juicio de los autores del proyecto de ley y por tratarse de un “derecho básico de primera importancia”, este problema debe ser asumido por el Estado.
26 de diciembre de 2012