El proyecto de acuerdo  iniciado por moción de la senadora Isabel Allende, expone que se ha generado preocupación y debate por el fallido proceso de licitación del litio, que “había sido adjudicado a la empresa Soquimich (SQM), en un proceso que debió ser anulado por el incumplimiento de los requisitos estipulados en las bases”.
Observa luego que es fundamental realizar una reforma constitucional y legal, que contemple al igual que lo hace nuestro ordenamiento jurídico actual, la prohibición de explotación de minerales por concesiones mineras, pero que “pueden llegar a ser aprovechados por particulares mediante regímenes mineros especiales”. Así lo dispone, el Decreto Ley 2886 de 1979 que establece «exceptuando las pertenencias mineras bajo el amparo del Código de Minería de 1932, el litio queda reservado al Estado, por exigirlo el interés nacional».
Por esta razón, el proyecto de acuerdo, considerando la «incompatibilidad de los contratos especiales de operación del litio, establecidos mediante decreto supremo, y el verdadero sentido y alcance otorgado por la Constitución» para reservar el litio al Estado, se emplaza al Ejecutivo para que presente un proyecto de ley que delimite el alcance de los Contratos Especiales de Operación (CEO) para minerales no concesionables, como es el caso del litio.

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