En días pasados, se realizó un intenso debate en la Cámara de Diputados en torno al proyecto, iniciado por mensaje en noviembre del año 2008, que establece normas sobre la actividad del Lobby. Cabe destacar que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva en mayo del presente año, que si bien mantiene casi intacta la definición de Lobby, da un giro en otras materias, como la eliminación de la lista de entidades cuyas actividades no se consideraban lobby; se incluyen como actividades que regula la ley, aquéllas que, en representación de intereses particulares, buscan la omisión de un acto o decisión y no sólo las que persiguen su dictación o adopción; se modifica a los funcionarios públicos o sujetos pasivos de lobby u otras gestiones que representen intereses particulares; se eliminan los registros de lobbystas, sus obligaciones y prohibiciones, optando por los registros públicos de agenda de los sujetos pasivos para conseguir la transparencia de las actividades; y contempla sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información a que están obligados o que lo hagan de manera inexacta o falsa.
En la instancia, el diputado Jorge Burgos manifestó que en la indicación del Ejecutivo el lobby no se regula, sino solo se introducen más normas de transparencia, por lo que es indispensable progresar en tal sentido.
El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Alejandro Ferreiro, estuvo por “regular tanto lo que se podría considerar como lobby profesional como el informal, definiendo en cada caso que es preciso transparentar todo tipo de reunión, inclusive las llamadas coloquiales, cuando éstas tengan un carácter de promoción de intereses”. Asimismo, expresó su desacuerdo con el sistema sancionatorio que se propone, el cual “puede ser puesto en jaque al privilegiarse una suerte de solidaridad entre jefaturas”.
En tanto, el Director de Asesoría Política Legislativa del Centro Democracia y Comunidad (CDC), Jorge Claissac, quien recurriendo a la legislación comparada, propuso la creación de “un registro de lobbystas”, de manera tal que se establezca una diferenciación entre los que desarrollan la actividad profesionalmente de los que no lo hacen. También solicitó que se incluya a los jefes de división dentro de las autoridades que pueden ser sujetos pasivos de lobby u otras gestiones que representen intereses particulares.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, diputado Cristián Monckeberg informó que uno de los puntos de la discusión fue “la falta de una definición de lobby, la existencia de un registro y la diferenciación entre los que desarrollan la actividad en forma remunerada de los que no lo hacen”.

Vea texto íntegro del mensaje y tramitación.

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